El Gobierno tiene entre ceja y ceja aprobar los Presupuestos de 2019, para lo que continúa reuniéndose con grupos políticos y, pespunte a pespunte, bordando apoyos parlamentarios, ya que es consciente de que una prórroga les impediría ejecutar un ramillete de medidas que no se podrían aprobar por decreto. Otras sí podrían sacarse y fuentes del Gobierno apuntan a ABC que ese sería el caso de la subida de impuestos al diésel, que se incluiría en la futura ley de Cambio Climático y Transición Energética, aunque también se podría sacar por decreto. Lo que es seguro es que
el incremento fiscal no entrará para el 1 de enero de 2019
, sino que lo haría ya bien entrado el año, lo que pasaría efectos en la recaudación.
También se aprobarían, en caso de que las negociaciones políticas naufragaran, las entregas a cuenta para las comunidades autónomas, que suponen 6.938,8 millones de euros más de lo que recibirían el año pasado, si bien lo que no se podría ejecutar es el adelanto del Estado a las regiones de unos 2.500 millones de euros por la última liquidación del IVA. Ello redundaría en menos recursos para las regiones que si hubiera cuentas, debido a la introducción en 2017 del Sistema Inmediato de Información, que provoca que las regiones solo reciban once mensualidades de la liquidación para 2019 a efectos contables.
«Las Administraciones territoriales no pueden pretender que sin una propuesta de presupuestos podamos abarcar todas las expectativas de las comunidades autónomas, (...) que yo las comparto y me parecen absolutamente razonables, pero se necesita un vehículo para hacerlas operativas, y ese vehículo es el proyecto de presupuestos», señaló ayer la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto celebrado en la Casa de la Moneda para conmemorar el aniversario de la Constitución.
ERC más cerca que PdeCat
La subida del IRPF y del Impuesto de Sociedades -fijando un tipo efectivo del 15% para las grandes empresas y del 18% en el caso de bancos y petroleras- queda en entredicho si hubiera prórroga: por un lado son subidas fiscales que se podrían aprobar por decreto -por ejemplo, el PP así lo hizo en la subida del Impuesto sobre la Renta que aplicó en 2012- pero esta es una práctica que, al suponer un aumento considerable de la recaudación, no gusta en Hacienda, que prefiere fórmulas distintas al decreto para implantar estas subidas.
Por ejemplo, la modificación de Actos Jurídicos Documentados para que lo afrontaran los bancos se hizo por decreto ya que no supuso un aumento recaudatorio, sino que simplemente cambió el sujeto pasivo del tributo.
Aunque por decreto saldrán las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la revalorización de las pensiones, el Gobierno aún no ha contactado a la Abogacía del Estado para saber jurídicamente qué medidas podría aprobar por decreto y cuáles no.
Ello es así porque la prioridad del Ejecutivo es aprobar los Presupuestos de 2019 y convencer a los nacionalistas catalanes: si bien desde el Gobierno se observa que ERC es más proclive al acuerdo, la actitud del PdeCat es la que más aleja a las cuentas de que se hagan realidad, ya que su apoyo acercaría al resto de fuerzas reticentes. Los independentistas ligan su voto a la liberación de los presos del «procés».
Pese a todo, el Ejecutivo no solo busca el acuerdo de los partidos nacionalistas, sino que apela también a Ciudadanos y a las comunidades gobernadas por el PP, para que presionen al partido y aumenten sus entregas a cuentas y recursos por la liquidación del IVA si hay Presupuestos, a meses de que haya elecciones regionales.
