El Ministerio del Interior decidió ayer el traslado de cuatro etarras, uno de los imputado en el intento de regicidio de Don Juan Carlos en Palma en 1995, a cárceles más próximas al País Vasco por aceptar la «legalidad penitenciaria». Ello no quiere decir que hayan colaborado con la Justicia y las Fuerzas de Seguridad en la resolución de crímenes pendientes cometidos por la banda, según han informado a LA RAZÓN fuentes competentes. Los reclusos de ETA tienen establecidas como «líneas rojas», marcados por su colectivo, el EPPK, la delación y el arrepentimiento. Desde que el PSOE llegó al poder se han producido 12 traslados de etarras, incluidos los de ayer.
Los beneficiados son Francisco Javier Chimeno Inza, del Centro Penitenciario Alicante II a la cárcel de Burgos. Ingresó en prisión el 13 de septiembre de 2000 y cumple condena de 30 años por intentos de asesinato y tenencia de explosivos. Según fuentes de Interior, «ha aceptado la legalidad penitenciaria, reconoce el daño causado, la importancia de resarcir a las víctimas y se compromete a no volver a utilizar la violencia». Fue detenido en Francia en la operación que desarrolló tras el intento de asesinato de Don Juan Carlos en 1995, con un rifle de mira telescópica.
Los otras etarras son Mikel Orbegordo Echarri, del Centro Penitenciario de Badajoz a la cárcel de Valladolid. Ingresó en prisión el 21 de febrero de 2005 y cumple condena de 12 años y 26 meses por organización terrorista, tenencia ilícita de armas, falsificación de documento público y resistencia a la autoridad.
Igor González Sola, de Madrid III al Centro Penitenciario de Soria. Ingresó en prisión el 30 de marzo de 2005 y cumple condena de 20 años por los delitos de colaboración con banda armada, depósito de armas y falsificación de documento oficial.
Y Jorge Fraile Iturralde, del Centro Penitenciario de Badajoz a la cárcel de El Dueso, en Cantabria. Ingresó en prisión el 10 de abril de 1998 y cumple condena de 25 años por colaboración con banda armada, tenencia de explosivos, estragos y daños.
La Secretaría de Instituciones Penitenciarias acordó el traslado de dos miembros de los GRAPO, uno de ellos, Fernando Silva Sande (de Soto del Real a Teixeiro, en La Coruña), condenado por el secuestro del empresario Publio Cordón. Según han informado fuentes antiterroristas, este individuo, que fue coordinador de «comandos» de GRAPO en España, ha colaborado con la Guardia Civil al facilitar pistas sobre el lugar donde se podría encontrar el cadáver de Publio Cordón, que fue buscado, sin éxito, en el sitio señalado, en un paraje del Mont Ventoux, en Francia. Dice haberse desvinculado de los GRAPO y está abonando la responsabilidad civil. El otro «grapo» trasladado es Jesús Merino, del Centro Penitenciario Madrid VI al Centro de Inserción Social Victoria Kent.
