Las campañas electorales se hacen para alcanzar un objetivo: ganar las elecciones. Por el camino, los partidos en liza se van dejando euros. Ayer irrumpió en la actual la Cámara de Cuentas autonómica y lo hizo vía Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Se publicó en él una resolución de su Presidencia en la que se trasladaba que el ente ha estimado conveniente elaborar una instrucción para «precisar los criterios técnicos a seguir en la fiscalización de la contabilidad relativa a las elecciones al Parlamento» regional convocadas el próximo 2 de diciembre, así como «el alcance y los requisitos de la documentación contable y justificativa» que habrán de remitirles las formaciones políticas que tengan que cumplir las «obligaciones previstas en la normativa» alumbrada en esta materia.
Están forzados a rendir a la Cámara de Cuentas la contabilidad plebiscitaria los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que «hayan alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones de la comunidad autónoma, como consecuencia de los resultados electorales obtenidos» y los que «hayan solicitado un adelanto» de las ayudas «como consecuencia» de haberlas logrado «en similar proceso electoral anterior». Deberán hacerlo «entre los 100 y 125 días posteriores a la celebración» de los comicios, por lo que el plazo con el que contarán ahora será el que transcurra entre el 12 de marzo y el 6 de abril de 2019.
Tendrán que presentar para su análisis documentación que incluirá una contabilidad «detallada» de sus respectivos ingresos y gastos, e información «justificativa» en soporte informático. Apartado especial merecerán los costes originados por «el envío directo y personal» a los ciudadanos de «sobres y papeletas» o «de propaganda y publicidad». Éstos, de acuerdo a las directrices que recoge la entidad fiscalizadora, deberán diferenciarse del resto de gastos, «de forma que queden claramente identificadas las partidas» correspondientes al desembolso de dicha naturaleza. En relación a la publicidad en prensa, habrá que considerar, como marca el aire de los tiempos, la insertada en medios digitales y en canales o redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, SMS telefónicos...
En definitiva, ninguna formación política podrá superar los límites establecidos en la normativa vigente y la Cámara de Cuentas deberá emitir su veredicto «en los 200 días posteriores» al 2D, esto es, su espacio de maniobra finalizará el próximo 20 de junio. Si detecta que una fuerza política ha superado los márgenes de gasto electoral previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), lo pondrá en conocimiento del Tribunal de Cuentas. Para conocer el resultado de su trabajo y las cifras al detalle habrá que esperar, pero pasado ya el ecuador de la campaña, LA RAZÓN ha preguntado a los principales partidos por el coste de las suyas. Desde Adelante Andalucía aseguraron que cuentan con un Presupuesto de 1,4 millones de euros procedentes de «fondos» de los dos principales partidos que la integran, Podemos e IULV-CA, y de «la campaña de microcréditos» puesta en marcha por los morados. Del lado de Ciudadanos (Cs) transmitieron que manejan un total de «2,4 millones» para gastar en intentar convencer al mayor número posible de potenciales votantes, de los que «1,5» se destinará al grueso de sus acciones y el «0,9» restante irá a parar al «mailing». Fuentes del PP, por su parte, rehusaron dar una cifra, dado que «hasta que no se cierre la campaña no se sabe», con lo que sería irreal. «Todos los días surgen cosas y, de momento, no se puede tener una previsión exacta», alegaron. Por último, este diario contactó con el PSOE para recabar la misma información, pero al cierre de esta edición no habían respondido.
