El exministro socialista fue, como presidente de CatalunyaCaixa, uno de los dos máximos responsables «materiales y directos» de la concesión en 2010 de sueldos desproporcionados en la entidad en plena crisis. Así lo cree el fiscal que, pese a todo, este viernes en el juicio ha rebajado de cuatro a tres años la pena de cárcel que reclama para Narcís Serra. La misma pena y rebaja ha pedido para el que era su «número dos», Adolf Todó, máximo favorecido de la subida salarial.
El juicio de CatalunyaCaixa contra una cuarentena de responsables de la entidad comenzó el 4 de octubre. Hoy viernes, en sus estertores, le ha tocado el turno al fiscal Fernando Maldonado presentar informe final y conclusiones. Pese a modificar a la baja sus peticiones de cárcel para los dos principales acusados, el fiscal ha sido claro sobre sus responsabilidades. Son los «autores dolosos, materiales y directos» de los sobresueldos. Practicaron una política salarial que causó «una grave lesión a los intereses de la entidad», según ha remarcado en la vista celebrada en la Audiencia de Barcelona. Serra y Todó –dice el fiscal– tenían «el dominio completo» de la caja y acordaron subir los sueldos «contra viento y marea» en un momento de «crisis extraordinaria». Autorizaron subidas del salario a Todó y al entonces director general,Jaume Massana, que causaron un perjuicio de 439.000 y 344.000 euros, respectivamente.
La entidad vivía una situación de «práctica insolvencia», que llevó a sus responsables a pedir al FROB 1.250 millones. La crisis de la entidad también desencadenó un ERE que afectó a más de 1.500 trabajadores. Mientras esto sucedía, los sueldos no paraban de crecer. El fiscal también pide que los dos exdirectivos paguen una multa de 67.500 euros, todo ello por dos delitos de administración desleal en concurso con el delito de apropiación indebida.
Para los otros 39 miembros del consejo de administración reclama hasta dos años y tres meses de cárcel como cooperadores necesarios. El fiscal ha sido muy crítico con ellos. Iban a las reuniones y votaban sin informarse de los acuerdos ni leer los balances económicos. Nadie les obligaba a ir, pero llegaron a cobrar dietas de 1.721 euros por hacerlo.
