El día de ayer, la (transitoria) Senadora, Olga Sánchez Cordero, de Morena, presentó una Iniciativa de adicion de la fracción XXIX-Bis al artículo 73 de nuestra constitución, la cual ataca nuestro sistema federalista y de autonomía de las entidades federativas como Estados libres y soberanos. No se aún qué debe ser más importante en el caso concreto, defender el federalismo o sumarme a la propuesta para quitar a los Gobernadores algo que se ha convertido en una práctica común de todos, al otorgarles cada fin de sexenio, a sus cercanos una anhelado Fiat Notarial. Jalisco no es la excepción.
Hasta la fecha, como lo reconoce la misma autora de la iniciativa, sin señalar específicamente a Jalisco, señala: “…hasta ahora, la facultad para regular todo lo relativo a la función notarial, incluyendo desde luego los métodos de selección y designación de notarios, ha sido competencia exclusiva de las legislaturas locales, lo cual ha derivado en la práctica, que en muchos casos, dichos métodos de selección y designación no sean claros y no estén basados en la preparación profesional de los que aspiran a desempeñar una función de altísima responsabilidad profesional y social como es la función notarial”. “Otro grupo de Estados aparentemente establece requisitos rígidos para acceder a la función y como único medio de acceso el examen, sin embargo, no escapamos al hecho de que aún en esos casos la intervención directa o indirecta del ejecutivo local, empaña la transparencia e imparcialidad de los exámenes…. han sido cada vez más los casos de designaciones de notarios seriamente cuestionables y que incluso han dado lugar a la interposición de diversos recursos por lo ilegal de los procedimientos.”
Propone una reforma constitucional para dotar al Congreso de la Unión de la facultad de expedir leyes generales que establezcan los principios y bases que armonicen y homologuen la organización y funcionamiento, en las Entidades Federativas, de la función notarial como una garantía institucional… estableciendo como único medio de acceso a dicha función los exámenes públicos de aspirante y oposición.”
Se pretende quitar a los gobernadores la posibilidad de influir en el procedimiento de selección de un Notario Público, copiando el procedimiento instaurado en la Ciudad de México, esto es, acceso solo mediante examen de oposición públicos. Se deberá regular en las leyes necesarias, para que el control salga de la Secretaria General de Gobierno de los Estados tal y como ocurre actualmente en Jalisco. Los afectados con esta propuesta resultan ser aquellos que estaban listos para realizar el futuro examen, ya que en franca invasión de las facultades estatales, el artículo Segundo transitorio, ordena que a partir de la entrada en vigor de esta reforma, los gobiernos de los Estados y de la Ciudad de México, se deberán de abstener de designar aspirantes a notario y notarios con fundamento en las respectivas leyes locales. Teóricamente ahora, los funcionarios y amigos del gobernador se someterán a los exámenes públicos propuestos por la iniciativa.
En otro tema, ayer en el Senado de la Republica se aplicó descaradamente la aplanadora de Morena, al aprobar las reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobada en lo general por 72 votos; 46 en contra y cero abstenciones, a pesar de que uno de los Senadores les recordó que es cierto que el 1º de julio recibieron el mandato popular de tutelar el destino del Ejecutivo, pero esta circunstancias no los facultó para romper el Pacto Federal establecido en el Constituyente del 17. Los temas más criticados por la oposición, fueron: I.- Mover la sectorización del CISEN de la Secretaria de Gobernación a la Secretaria de Seguridad Pública, siendo el CISEN una herramienta prioritaria de esa Secretaria vital para la seguridad nacional. II.- La creación de los denominados “súperdelegados”, “virreyes”, “vicegobernadores”, que los Senadores de oposición coincidieron que no son más que instrumentos de control político y económico, y ahora hasta de Seguridad Pública, creados solo con fines electorales por su naturaleza virreinal que atenta claramente contra el federalismo y la soberanía de las entidades. III.- El intento de albazo para controlar a los medios de comunicación públicos, dándole a la Secretaría de Gobernación la atribución para proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional. Esperaremos muchas controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos en Jalisco, debemos apoyar a Enrique Alfaro en la tutela de la soberanía estatal, independientemente de nuestra filiación política, además en Jalisco no queremos ningún perdón, queremos castigo a cualquier culpable de corrupción.
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