Es una polémica que ya dura desde hace décadas en Barcelona. El posible desalojo de unos 3.000 vecinos de la calle Mallorca, debido a la construcción de una escalinata de la entrada principal de la Sagrada Familia. El contencioso se arrastra desde hace años, pero las obras avanzan y van llegando a su fin.
Ninguno de los ayuntamientos de Barcelona en la etapa democrática ha afrontado de verdad el asunto, y la actual alcaldesa, Ada Colau, no es la excepción. La Asociación de Vecinos de la Sagrada Familia volvió a mostrar ayer su rechazo a este viejo proyecto. No fue ni la primera ni la última vez.
En octubre, el portavoz vecinal, Joan Itxaso, criticó el acuerdo alcanzado entre el Consistorio y el patronato del templo. Denunció que se hizo «a espaldas de los vecinos», y sin cerrar la construcción de la escalinata.
El portavoz de la Comisión de Afectados por el Plan General Metropolitano, Salvador Barroso, mostró incluso un documento de 1976 en el que se especifica que la construcción de la escalinata no fue diseñada originalmente por el arquitecto de la basílica, Antoni Gaudí.
El documento señala que este proyecto fue añadido en 1906 por los discípulos del arquitecto, 24 años después de iniciarse el templo. Es uno de los argumentos en los que se escudan los vecinos afectados por el Plan General Metropolitano (PGM), que prevé derribar estos edificios, que ocupan dos manzanas.
Hace pocos mes, el Ayuntamiento y el patronato acordaron que el templo aportará 36 millones en diez años para mejorar la movilidad y el urbanismo de su entorno. Itxaso resaltó en su día que la basílica gana 1.000 millones cada año, por lo que la cifra de este pacto representa el 3,6 por ciento de los beneficios.
Itxaso insistió en que «es totalmente inviable» desalojar a los vecinos para construir la escalinata, y también aludió a 1976, una resolución de la Comisión del Patrimonio Histórico Artístico del Ministerio de Educación y Ciencia. Este documento permitió a la constructora Núnez y Navarro obtener el permiso para reiniciar las obras de un bloque de viviendas en la calle Mallorca, que el Ayuntamiento había suspendido por el de estos trabajos.
El texto reza que «no existe proyecto de Gaudí de tales escaleras ni del conjunto del templo (...) No puede aducirse, pues, que el nuevo edificio afecte a la obra de Gaudí (...) Desde 1925 su realización está impedida por la planificación urbana».
