El juez que concedió la suspensión provisional a la magistrada Sonia Rojas Castro para que no disminuya su salario y no sea menor al del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se declaró impedido para seguir conociendo el asunto, porque planteó que dichas reformas también pueden impactar en él, por lo que se generaría un conflicto de interés.
Es decir, él es potencialmente otro quejoso que puede interponer un amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establece que ni un servidor público gane más que el titular del Ejecutivo Federal.
En el expediente 747/2018 que se inició por la demanda de garantías que interpuso la magistrada del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, el juez Ramón Lozano Bernal planteó dicho impedimento a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
El titular del juzgado Décimo de Distrito con residencia en el estado de Sinaloa mencionó: “…estimo que mi imparcialidad estaría afectada al resolver el asunto al tratarse de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
“Este juzgador considera que se encuentra en la hipótesis establecida en la referida fracción VIII del artículo 51 de la ley de la materia, puesto que constituye un elemento real y actual el hecho de que tales disposiciones combatidas se encuentran dirigidas a todo servidor público, como en la especie el que suscribe al ser destinatario de dichas normas, cuyo contenido es de mi interés particular, por lo que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad al resolver el asunto, ya que este juzgador se considera un quejoso potencial de la legislación reclamada…”
Lo anterior, expresó, lo imposibilita para continuar con el asunto, dado que, por sus características, se vería limitado subjetivamente para analizar el acto reclamado.
“Lo que podría dar lugar a un conflicto entre el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional y el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, al darse tales circunstancias; de ahí que resulta pertinente declarar la causa de impedimento que considero se materializa, ya que la ley así lo establece, con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, así como para preservar la imparcialidad e independencia de la impartición de justicia”, puntualizó.
El juez concedió la suspensión provisional a la magistrada para salvaguardar la independencia judicial, ya que la ley deber garantizar la condición jurídica de los jueces, incluida su permanencia en el cargo por los periodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, condiciones de servicio, pensiones y una edad de jubilación adecuadas.
Dejó claro que de negarse la medida cautelar, constituiría un atentando contra la independencia del Poder Judicial en su variante objetiva, que se identifica con la ausencia de presiones externas, así como la exclusión de intromisiones indebidas de otros poderes y fuerzas del Estado. “Ámbitos en los que se encuentra interesada la sociedad como miembros de un Estado de derecho democrático”, señaló el juez.
