Al Parlamento español no le gusta la ministra de Justicia, Dolores Delgado, enfangada en una tormenta política permanente. Por tercera vez en menos de seis meses como ministra, las Cortes solicitaron ayer su dimisión.
Tras la crisis del Poder Judicial -destapada por la renuncia del juez Manuel Marchena a presidir el órgano de gobierno de los jueces y el Tribunal Supremo- el Congreso aprobó ayer la reprobación de Delgado gracias a la abstención de ERC, al salir adelante una moción planteada por el Partido Popular y apoyada por Ciudadanos.
Sin esa posición de los nueve votos de ERC, pieza clave en la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, la reprobación no habría triunfado. Este pleno se celebró precisamente en plena resaca tras el enésimo espectáculo de mal gusto de Gabriel Rufián, que fue expulsado del Congreso por Ana Pastor por no respetar su turno de palabra después de tres avisos. El escupitajo denunciado por Josep Borrell -que acusó a un miembro de ERC de cometer este acto en el Hemiciclo, donde se sientan los representantes de los ciudadanos- sobrevolaba el ambiente.
La reprobación de la ministra se aprobó con los 167 votos favorables de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, y las once abstenciones de ERC y Bildu, según informa Efe. En contra, la iniciativa fue rechazada por los 162 votos de PSOE, Podemos, PDECat y Compromís, que no fueron suficientes.
El motivo de la reprobación era censurar la acusación en la causa del «procés» de la Abogacía del Estado, un órgano que depende directamente del Ministerio de Justicia y cuyas órdenes cumple. La Abogacía del Estado descartó acusar a los líderes secesionistas por el delito de rebelión -como sí hizo la Fiscalía- y calificó el órdago secesionista de sedición, una mera cuestión de orden público. El abogado del Estado encargado del caso, Edmundo Bal, quiso acusar por rebelión y ayer fue destituido de su cargo como jefe del departamento penal, convirtiéndose en otra «víctima» del «procés».
El impulsor de la censura a Delgado fue el PP, el grupo que negoció con el Gobierno socialista el acuerdo para renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial, y con quien pactó la presidencia de Marchena. El acuerdo está roto y el tiempo para renovar el Poder Judicial se agota.
Por esa negociación, durante el debate, la representante de Ciudadanos Patricia Reyes calificó de «burla a los españoles» la reprobación entre «cómplices» del acuerdo sobre el CGPJ. Aun así, la formación de Albert Rivera aportó sus votos para encajonar a Delgado, antigua fiscal en la Audiencia Nacional, que no ha dejado de vivir en el alambre desde que ocupó su cartera.
Otra tarde aciaga para la ministra en el Congreso fue la del 9 de octubre, cuando la Cámara Baja pidió su dimisión por su relación con el comisario encarcelado José Villarejo, destapada por unos audios. Con anterioridad, el 25 de septiembre, el Senado también aprobó una moción de reprobación impulsada por el PP por colocarse de perfil ante la demanda de Carles Puigdemont contra el juez Pablo Llarena en Bélgica. Delgado se opuso a que el Estado asumiese la defensa del magistrado, pero Pedro Sánchez ordenó lo contrario. Tormenta permanente.
