La crisis judicial e institucional puede ser más determinante de lo que parece en que se acorte la legislatura. El análisis está ya encima de la mesa de trabajo de la mayoría de los partidos, empezando por la principal fuerza de la oposición. Es crisis política, judicial y económica, una «mezcla» que deja cada vez menos margen para la hoja de ruta que preferirían en la nueva dirección popular, la de ganar tiempo hasta las próximas elecciones generales aunque en público hace meses que en el discurso oficial está instalada como consigna la exigencia de que se disuelva ya la Legislatura.
En el nuevo PP afrontan con creciente preocupación el inminente escenario electoral, no tanto ya por su capacidad de respuesta, porque la maquinaria puede rodar, sino porque prevén que se les echa encima una campaña de «guerra sucia» y «controlada» desde el Gobierno por las filtraciones sobre la presunta operación que puso en marcha el Ejecutivo de Mariano Rajoy para anular los documentos y la información que tenía el ex tesorero Luis Bárcenas sobre el reparto de dinero en «B» y la financiación irregular del partido. Ni Casado ni su «núcleo duro» estuvieron en aquella etapa, y la información que les ha trasladado el portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía, es que lo que se hiciera, se hizo a sus espaldas y no hay, según su versión, ningún documento ni ninguna grabación que pueda probar lo contrario. Pero aunque no controlan el proceso, en la nueva dirección barajan que puede haber documentos y grabaciones comprometedoras de la etapa de Gobierno del PP, que afecte a otros altos cargos de entonces y a referentes actuales del partido, y su problema es que «hay un control de esa información ya político una vez que ha sido judicializada y ha superado el nivel de la guerra policial».
Desde el punto de vista estrictamente político, en teoría las condiciones mejoran por días para el PP ante un Gobierno que, como ellos describen, «se desmorona», sin proyecto económico, sin apoyos políticos y que tiene que seguir haciendo gestos hacia el independentismo no para aprobar unos Presupuestos que ya se dan por imposibles, sino porque pueden volver a necesitar sus votos para que Pedro Sánchez sea investido de nuevo presidente del Gobierno. Pero aunque todo esto juegue a favor, el problema de la nueva dirección es que tenga que remar en campaña con el viento en contra del «pasado». «Esto tiene muy mala pinta. Por el contenido en sí mismo, si es verdad que se organizó una operación paralela para anular a Bárcenas, y por la utilización que el Gobierno va a hacer de ello en nuestra contra», sentencian en Génova.
El nuevo PP tiene muy poco margen de reacción frente a este contexto más allá de intentar reforzar la estrategia de marcar distancias con la etapa anterior al Congreso de julio. Pero Casado tiene que hacerlo midiendo los equilibrios y sin que la ruptura se entienda internamente como una política sostenida en el principio «de dejar tirados a los tuyos» sin motivos justificados y sin que esto garantice, además, que «vas a parar el golpe». «No podemos entregar una cabeza cada vez que el PSOE nos meta un empujón si no hay motivos reales para ello. El compromiso con la ejemplaridad es nuestra garantía de supervivencia. Pero tampoco podemos olvidar que enfrente hay un Gobierno que no cumple los requisitos éticos marcados por Sánchez cuando estaba en la oposición. Ni siquiera Sánchez los cumple porque vamos a demostrar que la tesis fue un plagio». Dicho esto, en Génova nadie discute que el pasado amenaza con seguir siendo «una bomba de destrucción masiva» para su interés electoral.
