El presidente de Estados Unidos ha dado permiso a los 8.000 soldados norteamericanos desplegados en la frontera de su país con México a usar fuerza letal, si es necesario, para protegerse no sólo ellos, sino también a los agentes del departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de los inmigrantes que piden asilo allí. Se trata de una decisión polémica, que con seguridad acabará en los tribunales y que ha provocado grandes tensiones dentro de la Casa Blanca.
Según la orden de Donald Trump enviada al Pentágono el pasado miércoles, a la que ha tenido acceso ABC, «para cumplir con su misión, el personal militar desplegado por el departamento de Defensa puede ejecutar las acciones de protección que el secretario de Defensa considere que son razonablemente necesarias para proteger a los funcionarios federales, incluida la demostración o el uso de la fuerza (incluida la fuerza letal cuando sea necesaria), control de multitudes, detención provisional y registros superficiales».
Esa orden, en forma de memorando -un decreto que puede mantenerse en secreto-, va firmada por el jefe de gabinete de Trump, John Kelly. El presidente le obligó a hacerse responsable de ella tras una fuerte discusión durante una reunión que tuvo lugar en la Casa Blanca el pasado lunes en la que el propio Kelly se opuso frontalmente a esta medida, porque, según sostuvo, puede entrar en conflicto con una ley de 1878 que impide el uso del ejército para asuntos de gobierno civil.
Se imponen los «halcones»
El consejero legal de la Casa Blanca, Emmet Flood, ratificó que el presidente estadounidense podría infringir la ley con la orden, algo que no convenció a Trump. Jaleado por un creciente número de «halcones» en materia de inmigració
n, como el asesor Stephen Miller, el presidente puso fin a la disputa el martes, dictando la orden y obligando a Kelly a que la firmara, según han revelado medios norteamericanos como Politico.
La decisión de darle al ejército permiso para disparar a matar en la frontera mexicana, una promesa que Donald Trump hizo en la campaña electoral de las pasadas elecciones parciales de noviembre, sorprendió incluso al jefe del Pentágono. En respuesta a preguntas de la prensa este miércoles, James Mattis admitió que no había leído la orden antes de que llegara a su mesa. Aun así, contradijo a la Casa Blanca al recordar que, de momento, los soldados enviados a la frontera con el vecino del sur «no están armados».
El presidente, sin embargo, no tiene intención de ceder. Ayer aprovechó su mensaje anual a los uniformados durante las fiestas de Acción de Gracias para criticar a los integrantes de las caravanas de centroamericanos que avanzan hacia EE.UU. con la intención de solicitar asilo. Ese mensaje, que tradicionalmente es una felicitación institucional, se convirtió en una arenga política.
«Gente muy mala»
«No tengo alternativa -dijo ayer Trump en la conferencia telefónica-, en esas caravanas hay al menos 500 criminales, gente muy mala». Añadió que si los funcionarios de fronteras «temen perder el control o temen resultar heridos, vamos a cerrar las entradas al país por un plazo indeterminado hasta que podamos volver a tener la situación bajo control. Toda la frontera cerrada».
En periodo electoral, el presidente ordenó un refuerzo de 6.000 soldados en la frontera sur y amenazó con elevar esa cifra a 15.000, algo que, de cumplirse, supondría tener más tropas movilizadas frente a México que en Afganistán.
La razón es el avance de varios convoyes con 5.000 centroamericanos que están comenzando a llegar hasta la frontera entre México y Estados Unidos con la intención de pedir asilo, algo que Trump ha calificado de «invasión». La actual ley norteamericana obliga a atender esas peticiones y ofrecer refugio a los solicitantes si alegan para ello que huyen de la amenaza de violencia.
Choque con los jueces
En un intento de disuadir a esos inmigrantes, Trump ordenó pasado el 8 de noviembre, en otro decreto, que únicamente se pueda pedir asilo en puestos fronterizos designados para ello. Hasta ahora, los funcionarios podían tramitar solicitudes de «sin papeles» que ya estuvieran ilegalmente dentro del país.
Un juzgado de California ha suspendido esa orden cautelarmente, lo que ha propiciado un ataque del presidente a la justicia tras el cual el presidente del Supremo, John Roberts, le ha pedido que respete la independencia del poder judicial.
La principal promesa de Trump en la campaña electoral de 2016 fue construir un muro con México. Hasta la fecha, ha erigido sólo partes y los demócratas, que ganaron el control de la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones, han prometido boicotearlo.
El presidente quiere que los inmigrantes sigan en Tijuana hasta que se les conceda asilo
Javier Ansorena |
Corresponsal en Nueva York
Donald Trump busca que quienes traten de pedir asilo para entrar en EE.UU. desde la frontera con México, se queden en el país vecino mientras se tramita su solicitud. Es un plan que prepara el Departamento de Seguridad Interior para acabar con un problema que enfurece al presidente de EE.UU.: los inmigrantes -en su mayoría, centroamericanos- llegan a la frontera y piden asilo. Ante el volumen de casos que hay, la revisión de su expediente se alarga durante meses, y se les deja en libertad, en muchas ocasiones porque son familias o menores.
Según la propuesta, a la que ha tenido acceso «The Washington Post», solo aquellos que puedan demostrar en la frontera que están «en peligro razonable si se quedan en México» se les permitirá quedarse en territorio estadounidense hasta que se revise su caso.
El plan se ha conocido poco después de que un juez federal bloqueara la orden de Trump de que no se tramite asilo a quienes cruzan la frontera de forma ilegal, aprobada el pasado 8 de noviembre.
La materialización de la propuesta es una incógnita. Muchos de los inmigrantes que piden asilo lo hacen una vez detenidos en territorio estadounidense, tras cruzar la frontera de forma ilegal. También habrá que ver cómo se evalúa la situación de «peligro razonable»: las ciudades fronterizas mexicanas, como Ciudad Juárez, están plagadas de violencia.
La propuesta será además un problema para el inminente nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuya investidura está prevista para la semana que viene. López Obrador tendrá que posicionarse ante un plan que podría dejar de forma indefinida en su territorio a los miles de centroamericanos de las caravanas que tienen la intención de pedir asilo en EE.UU.
