El mercado de vivienda protegida se mueve de nuevo en Sevilla tras años de absoluta parálisis. Los proyectos que el Ayuntamiento ha anunciado comenzarán a ejecutarse en el primer semestre de 2019 y estarán principalmente enfocados al alquiler. Seis de cada diez pisos que se levanten serán en este régimen, como confirma a ABC el gerente de Emvisesa, Felipe Castro. El responsable municipal recalca que se promoverán alrededor de mil inmuebles de este tipo, que ya están recogidos en el Plan Municipal de Vivienda 2018/2023. El documento, aprobado en la junta de gobierno local, marca la hoja de ruta de los próximos cinco años en los que se reactivará este mercado bajo la gestión de la administración pública. La cuota reservada para la iniciativa privada tendrá aún que esperar, pues no es una opción que resulte atractiva tras la eliminación de las ayudas a la compra y a la construcción.
El primer paso se dio a principios de noviembre con la cesión a Emvisesa de las ocho parcelas donde se ubicará la mitad de los pisos previstos, la mayor parte en el distrito Este. Son los primeros que se entregarán a los futuros propietarios e inquilinos, que deberán de estar inscritos como demandantes en el Registro de Vivienda Protegida. Estos suelos se encuentra en Cisneo Alto, en la Macarena (83 viviendas); Torreblanca Sur (28); Cuartel de su Eminencia (24); Pitamillo, en Bellavista (125); Hacienda Rosario, en Sevilla Este (218), San Juan de la Salle (seis) y la rehabilitación de Villa Encarnita, en pleno barrio de Nervión.
La inversión global ronda los 64 millones de euros, que se destinarán a la construcción y también a la adquisición y alquiler de pisos vacíos, que es otra de las fórmulas que utilizará el Consistorio para engordar la oferta de esta modalidad, «dando así respuesta a la elevada demanda», señala Castro.
El responsable público admite que «la cesión de las parcelas ha tardado más de lo esperado, pues confiábamos en que se pudiera empezar a construir este mismo año». Sin embargo, habrá que esperar al próximo para poner los primeros ladrillos. Y se ha asegurado de que así sea. Según indica, «tendremos dos niveles de ejecución distintos, por un lado vamos a hacer los proyectos de algunos edificios con medios propios y para el resto de las parcelas, haremos un concurso de arquitectura porque no tenemos capacidad para todo». Con este plan se pretende «recortar los plazos», creando un equipo que se encargará de algo más de un centenar de viviendas repartidas en unas tres promociones que no tendrán que someterse a largos procesos de licitación.
Respecto a la tipología, avanza que «se dará prioridad al alquiler, con distintos niveles de renta en un mismo edificio». El gerente de Emvisesa aclara que «no se pretende hacer bloques destinados a un mismo tipo de público, se busca que haya una mezcla». También se introducirá una nueva fórmula: la cesión de uso. Según explica, «es un régimen parecido al alquiler mediante el que se cede la parcela durante un tiempo limitado para que los inquilinos se encarguen de la construcción». De esta forma la propiedad del suelo siempre está en manos de la administración. Felipe Castro admite que «todavía no se ha hecho nada mediante este procedimiento, pero puede ser una solución».
El gerente de la empresa pública defiende esta nueva apuesta por el alquiler y el alquiler con opción a compra, que es la alternativa que más demandan, pues permite ahorrar durante los primeros años abonando sólo un alquiler y a partir del quinto, decidir si se lleva a cabo la compra o se renuncia al inmueble.
El nuevo Plan de Vivienda de Sevilla recoge otra previsión de 1.000 viviendas de las que se encargarían promotoras y constructoras privadas. Pero no es una opción por la que se interesen, indica Juan Aguilera, gerente de Gaesco. Y se muestra más crítico todavía: «No tiene sentido hablar de vivienda protegida cuando no cuenta con ningún tipo de protección. Ni la tienen los compradores, que no pueden acceder a subvenciones, ni nosotros, que tampoco recibimos ningún tipo de apoyo». Sin embargo, lamenta que tanto unos como otros se someten a los rígidos requisitos de la VPO.
El responsable de la patronal considera que «el modelo está completamente obsoleto», pues el precio no difiere mucho de la renta libre en las zonas donde queda suelo libre para construir este tipo de pisos. En este caso, aclara que «el problema no es el precio máximo impuesto, sino las limitaciones para el propietario, que estará sujeto a la voluntad de la administración.
Aguilera resalta que «no se trata de eliminar la función de la vivienda protegida, sino de que ese modelo vaya hacia el de residencias a precio asequible». Así, considera que se puede plantear un coste máximo para que los jóvenes y las familias con menos recursos también tengas acceso, también que sólo accedan a ellas aquellos que tengan limitaciones de renta, pero sin tener que asumir la rigidez de la VPO, que regulan hasta el diseño y que establecen incluso un cupo para alquiler. «Eso hoy es totalmente inasumible para las promotoras».
