Cuando empezó todo este lamentable proceso del Brexit, nadie en su sano juicio habría podido prever que el escollo más engorroso acabaría emergiendo a causa de Gibraltar. Pese a todo, el Gobierno anterior tuvo el buen criterio de hacer que en las directrices de negociación que aprobó el Consejo Europeo el 17 de marzo quedase claro que «después de que Reino Unido abandone la Unión, ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido podría aplicarse al territorio de Gibraltar sin el acuerdo entre España y Reino Unido». Eso es lo que aceptaron entonces los Veintisiete, por lo que no se explica bien cómo este concepto ha desaparecido del texto del borrador del tratado de Retirada, resultado de esas negociaciones.
La cuestión no tiene nada que ver con la discusión sobre la soberanía de la colonia británica, con otros tiempos y tal vez otros caminos, sino con la voluntad de España de evitar que, en el futuro, en sus negociaciones con el que ya será un país tercero, la UE pueda tomar por su cuenta decisiones que dañen nuestros derechos legítimos sobre ese territorio, aunque lo hiciera «de buena fe», como dice un polémico artículo 184 que deja abiertas todas las puertas.
El Gobierno ha hecho bien en levantar la voz, pero, si lo sabe, el ministro Josep Borrell haría bien en explicar públicamente cómo ha sido posible que nos hayan colado este gol, y quién es el responsable, porque España no debería aparecer como culpable de haber añadido esta innecesaria dosis de dramatismo en la recta final de unas negociaciones en las que lo que está en juego es algo tan importante como la supervivencia de la propia UE.
