Activistas de diversas organizaciones en favor del derecho humano al agua denunciaron hoy un "estancamiento" en la discusión de la Ley General de Aguas que se sostiene en el seno del Congreso de El Salvador, donde los diputados no avanzan para aprobar la normativa.
Según representantes de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, "en los últimos dos meses" los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa "no han retomado la discusión, porque no quieren afectar a sus candidatos a la presidencia al tomar una postura u otra".
Carlos Flores, representante de dicha organización no gubernamental, dijo a Acan-Efe que la actitud de los diputados de la referida comisión es de "dilatar el proceso de aprobación, no tomar alguna posición y hacer crear a la ciudadanía que privatizarán el agua".
De acuerdo con Flores, los parlamentarios aún no establecen el número de representantes que integrarán la Autoridad Nacional del Agua (ANA), ya que "los diputados de derecha quieren que esta entidad sea administrada por el mayor número de empresarios".
"Esta dinámica (falta de acuerdo) es adoptada por los diputados para favorecer a sus candidatos, quienes andan diciendo por ahí que no van a privatizar el agua, cuando sus intenciones son otras", añadió el activista.
Flores y otros activistas integrantes de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua realizaron este jueves una caravana que partió del redondel Schafik Handal, en San Salvador, y se dirigió a las diferentes sedes de los partidos políticos representados en el Congreso, donde entregaron cartas dirigidas a los candidatos presidenciales.
Miles de salvadoreños han marchado en la capital y otras zonas del país desde mediados de junio del año en curso para denunciar y rechazar la supuesta intención de 4 partidos de derecha, incluido la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de privatizar el agua.
El principal punto en discordia es la pretensión de estas formaciones de incluir a representantes de la empresa privada en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con un número de votos que, según las organizaciones sociales, le darían el dominio del organismo.
Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dado a conocer en 2016, concluye que la vida en El Salvador sería inviable en 80 años a causa de la crisis hídrica que se ve agudizada por el cambio climático.
