Para blindar la continuidad de la gran industria en Galicia, sus costes tienen que ser competitivos. Con ese argumento en la carpeta aterrizará hoy en Madrid el conselleiro de Industria, Francisco Conde. Aprovechará su presencia en una reunión con el Gobierno sobre la crisis de Alcoa para exigir soluciones «urgentes y estructurales» que ayuden a bajar el precio de la energía, y a garantizar la permanencia en la Comunidad de las electrointensivas.
Para el responsable autonómico, es al Ejecutivo a quien le corresponde «tomar la iniciativa» para evitar horizontes como los de Alcoa, cuyo ERE extintivo sobre sus plantas en La Coruña y Avilés ha puesto en la picota a 683 trabajadores. La multinacional americana ha venido protestando en los últimos años no solo contra el excesivo precio de la luz, sino contra la inestabilidad del mercado. Por ello, una de las propuestas que Galicia ha dejado en la mesa del Gobierno es la implantación de una tarifa estable, «homologable a cinco años», capaz de reducir las posibles incertidumbres. En el caso concreto de Alcoa, la energía supone alrededor de un 40% de los costes de producción del aluminio.
Otro punto clave es del servicio de interrumpilidad. Es decir, las primas que las electrointensivas reciben del Estado por desconectarse puntualmente de la red en los momentos de gran consumo. Para Conde, la última oferta lanzada por el Gobierno, además de incrementar la «incertidumbre», es insuficiente: incrementa el número de bloques de 5 megavatios y deja los paquetes de 40 en dos, muy por debajo de las expectativas de algunas compañías.
Grupo de trabajo
En la víspera de la cumbre en Madrid, la Consellería de Industria convocó a representantes de las principales electrointensivas de la Comunidad para realizar un diagnóstico común, identificar «preocupaciones», y plantear «medidas» que despejen su futuro.
Además de la propia Alcoa, portavoces de Ence, Celsa, Ferroatlántica, Megasa, Finsa, Intasa, Showa y Benko conversaron con la administración autonómica sobre el contexto del sector. Al final, Conde declaró a la prensa su intención de establecer un grupo público-privado de trabajo para dar mayor fluidez al diálogo y diseñar una agenda en común.
Por lo pronto, la Xunta ha hecho propia la causa de los costes. «En este momento las industrias compiten en los mercados internacionales con países que tienen un coste eléctrico más bajo», reseñó el conselleiro. Una «igualdad de condiciones» que se hace más imperativa si ponen como ejemplo países como Alemania o Francia, con inputs un 20% más baratos, agregó. De hecho, Conde mencionó que algunos países europeos cuentan con «mecanismos de compensación»por emisiones de C02, «que se pueden establecer anualmente y ya están en los presupuestos».
Las térmicas
Cuestión aparte son las centrales térmicas. Las palabras del secretario de Estado de Industria, José Domínguez, acerca del cierre en As Pontes en 2030 y el de Meirama en 2020 sembraron una alarma que el Gobierno pronto se encargó de corregir. Por ejemplo, con la reunión el pasado lunes entre el alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación coruñesa, el socialista Valentín González Formoso, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
En el encuentro entre ambos el Ejecutivo desechó que la térmica de Endesa vaya a echar la persiana en diez años. Pero la Xunta, de momento, recuerda al equipo de Pedro Sánchez que el camino hacia el cumplimiento de los estándares de la UE, en 2050, se tiene que producir de forma «ordenada». «España no puede liderar una transición energética asumiendo íntegramente los costes de esa homologación», enfatizó Conde. En Alemania, dijo el titular de Industria, «el 37% de la generación eléctrica son centrales térmicas de carbón».
