Un informe elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Universidad de Extremadura demuestra que en la última década los municipios del entorno de los parques nacionales de Cabañeros y Monfragüe, en las provincias de Ciudad Real y Cáceres, han perdido población, renta y empleo.
Ante esta realidad, la Fundación Artemisan y la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que modifique la ley y siga permitiendo la caza en los parques nacionales, cuya prohibición está prevista para el año 2020. El informe y sus conclusiones ya han sido presentadas en el Congreso de los Diputados, y ahora se trasladará a los parlamentos regionales de Extremadura y Castilla-La Mancha.
«La caza ayudaría a la fijación de población», asegura Jesús Francisco Santos, profesor del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la UCLM, aunque «indudablemente no es el único, ni lo único que se debe de hacer».
Además de evitar el despoblamiento, mejoraría la conservación de los parques nacionales, ya que la densidad creciente de especies silvestres necesita de un control cinegético. Ponen como ejemplo a los ciervos o a los jabalíes, que siguen incrementándose exponencialmente, y cuyo control lo tiene que costear ahora la Administración.
En el caso de Cabañeros, y en su zona de influencia, formada por seis municipios, en la última década se ha perdido casi un 19 por ciento de la población, mientras que el paro ha aumentado un 40 por ciento, según Luis Fernando Villanueva, director de la Fundación Artemisan. Por ello pide al Gobierno que «dé un paso al frente» y «sea valiente» a la hora de afrontar una situación «crítica» que amenaza con despoblar estos municipios pese a tener capacidad para desarrollar riqueza a través de actividades como la caza.
