El abogado Rafael Alcácer, que ejerce la defensa de la ex consejera de Hacienda Magdalena Álvarez en el juicio contra 21 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, aseguró ayer que las acusaciones «no han acreditado prueba o elemento probatorio» que permita afirmar que su defendida tuvo conocimiento del modelo de gestión de las ayudas investigadas, «ni quien gastaba ni quien pagaba».
Alcácer continuó en la sesión del juicio con la última parte de su informe final, subrayando que «no hay datos» que acrediten que Magdalena Álvarez conoció el modelo de gestión, es decir, que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas y que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), pagaba con fondos del 31L allegados al ente público a través de transferencias de financiación.
«Cómo Magdalena Álvarez pudo conocer algo que no pudieron hacer los parlamentarios y si éstos cayeron en el error de pensar que IFA/IDEA concedía y pagaba, por qué no pudo hacerlo la exconsejera. Qué fuente de información adicional tuvo Álvarez que no tuvo el Parlamento», se preguntó Alcácer. Descartada la «confabulación previa» de todos los acusados para poner en marcha el sistema de concesión y pago de las ayudas, «no hay base para acreditar que Magdalena Álvarez dispuso de información sobre el modelo de gestión. Más bien al contrario, según el abogado, «la Consejería de Hacienda disponía de menos información que el Parlamento» relativa a la documentación de los presupuestos de la Junta para conocer el modelo de gestión de las ayudas porque «no tenía acceso a la cuenta general ni al debate de las enmiendas presupuestarias, que sí conocía el Parlamento».
Por su parte, el abogado Víctor Moreno Catena, que ejerce la defensa de la ex viceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo consideró «un disparate jurídico» que las acusaciones sostengan que existe «una ley ilegal o irregular» al señalar que el Parlamento fue «engañado» por los encausados para aprobar las leyes de presupuestos «sin conocer lo que aprobaban». Y calificó como «extraordinario» este juicio porque «pone patas arriba el derecho penal» al cuestionar la potestad legisladora del Parlamento.
