Para las siete asociaciones de jueces y fiscales convocantes de la huelga de ayer la anunciada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la designación del magistrado Manuel Marchena como presidente del Tribunal Supremo, sin esperar siquiera a que se reúnan los vocales que tienen que nombrarlo, supone no tener «el más mínimo respeto por el Poder Judicial ni por el Poder Legislativo, que aprueba unas leyes que todos debemos cumplir».
Como en muchas ciudades españolas donde se repitieron similares concentraciones, en Madrid la decana de los juzgados de Plaza Castilla, María José del Barco, fue la encargada de reivindicar las mejoras que reclaman ambas carreras. Barco leyó un manifiesto que subraya que «hoy más que nunca» jueces y fiscales tienen que «defender el Estado de Derecho y la separación de poderes» y se quejó de los pactos de renovación del CGPJ que generan, dijo, «dudas sobre la independencia judicial.
Respecto a los polémicos comentarios en un chat del portavoz del PP en el Senado, Ignació Cosidó, sobre la posibilidad de «controlar desde atrás» la Sala Segunda del Supremo con la elección de Marchena, el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega, aseguró que resulta «demoledor» para la «apariencia de imparcialidad» del Supremo con vistas al juicio del «procés», informa Efe.
Seis de cada diez jueces (3.234) y un 39% de fiscales (973) secundaron la segunda huelga de justicia en los últimos seis meses según las siete asociaciones convocantes, unos datos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reduce a 2.559, un 46,8% de la carrera judicial, y que la Fiscalía General del Estado eleva mínimamente a 1.004 (40,5%) en el caso de los fiscales.
Sobre la mesa, la exigencia de mejoras salariales, más medios y una real independencia frente al poder político, cuestionada en las últimas semanas por los vaivenes del Tribunal Supremo respecto al impuesto de las hipotecas y por los pactos de PSOE y PP, avalados por Podemos, para renovar al CGPJ y la Presidencia del TS.
Para las cuatro asociaciones de jueces -APM, Francisco de Vitoria, JJpD y Foro- y las tres de fiscales -Asociación de Fiscales, UPF y APIF- la huelga ha sido “un éxito de convocatoria” que obliga al Ministerio de Justicia y al CGPJ a “buscar soluciones a las razonables peticiones de los dos colectivos profesionales a los que representamos”. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, que secundó los paros de mayo como representante de la UPF, se encontraba ayer en Estrasburgo participando en el Foro Mundial para la Democracia. Pero los colectivos convocantes le lanzaron el guante al calificar el seguimiento a sus reivindicaciones “un buen punto de partida para iniciar negociaciones sobre aspectos concretos de nuestras condiciones profesionales, de la mejora de la Justicia y de un reforzamiento tanto de la imagen de independencia de la Justicia como de la autonomía del Ministerio Fiscal”.
En Madrid, pararon 321 de los 801 magistrados (40%) y se suspendieron 55 juicios o vistas y 188 diligencias, entre ellas la declaración del “rey del cachopo” ante la titular del Juzgado de Instrucción número 32, detenido por el asesinato de su novia. En Cataluña, fueron 307 jueces (208 de ellos en Barcelona) de 700 quienes apoyaron la huelga (43%), que acarreó la suspensión de 550 actuaciones, una cifra sensiblemente inferior al 62 por ciento de respaldo que se registró hace seis meses.
Por encima del 40% de apoyos entre la judicatura también se situaron, entre otras comunidades autónomas, Extremadura (65 de 117, un 55,5%); Andalucía (507 de 965, un 52,5%); la Comunidad Valenciana (294 de 566, con un 51,9%); Canarias (136 de 272, con el 50%); Castilla y León (143 de 314, un 45,5%) y Galicia (144 de 350, un 41,1%). Por debajo de ese umbral se situó el País Vasco (86 de 239 magistrados, un 35,9 por ciento). Mucho menor fue el seguimiento en el Tribunal Supremo (siete magistrados de 77, aunque una treintena mostró su apoyo a las reivindicaciones) y en la Audiencia Nacional (6 de 87, la mayoría de la Sala de lo Contencioso). Los presidentes de los tribunales de justicia de toda España no se sumaron a la medida de presión, matizaron en un comunicado, porque se lo impide su “posición institucional”, pero mostraron su solidaridad con las demandas “legítimas” de las asociaciones judiciales y fiscales ante una situación que califican de “insostenible” por las “graves carencias que crónicamente sufre la Administración de Justicia”.
