Tratando de recomponer la crisis económica y pérdida de confianza que generó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el pésimo manejo de una propuesta de regular las comisiones que cobran los bancos desde el Senado ignorando al órgano regulador que es el Banco de México, que ocasionó que éste tuviera que aumentar su tasa de interés de referencia al ocho por ciento, tratando de evitar el grave éxodo de capitales que salieron durante el mes de octubre cuando salieron más de 11 mil millones de dólares de nuestro país, que se limitó la capacidad de endeudamiento al cambiar las calificadoras la calificación de nuestro país, el presidente electo, Manuel Andrés López Obrador MALO, comunicó que contará con un “Consejo Asesor Empresarial”.
Dicho Consejo formado por empresarios que ya habían mostrado simpatías por el gobierno emanado de Morena está integrado por: Ricardo Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas, (Banco Azteca, TV Azteca y Elektra); Bernardo Gómez, Copresidente ejecutivo de Televisa; Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Ángeles (Imagen TV, Excélsior, Hospitales Ángeles) ; Carlos Hank González, Presidente de Grupo Financiero Banorte, vicepresidente de Gruma y director general de Grupo Hermes); Daniel Chávez, CEO de Vidanta, grupo hotelero y pionero de los tiempos compartidos; Miguel Rincón, director general de Bio-Pappel; Sergio Gutiérrez, director general de DeAcero; Miguel Alemán Magnani, Presidente de Interjet. Me queda claro que no tiene el Presidente electo el más mínimo interés de hacer alianzas con el Sector empresarial ya que de ser así, se reuniría con los miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios o al menos con el único organismo suficientemente poderoso para representar al empresariado en su conjunto, me refiero a la COPARMEX. Dicho Consejo se supone que será coordinado por Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia y que servirá para dar sus puntos de vista al Presidente. Yo les propongo que en su primera reunión comenten la pifia que fue la cancelación del NAIM y la imposibilidad de operación simultanea de la base militar de Santa Lucía. La verdad no sé qué compromisos tenga Manuel Andrés con los dos culpables de lo que será su primer fracaso, me refiero a Javier Jímenez Espriú, futuro Secretario de Comunicaciones y Transportes y al súper asesor en construcción José María Riobóo, cuya relación lleva a pensar que la promesa de gobernar sin compromiso alguno con algún contratista era pura demagogia, ya que ha sido su constructor estrella desde los segundos pisos y se mete a opinar del aeropuerto pese a tener intereses en la obra de Santa Lucía. La exposición del proyecto en la página de internet señalaba que era proyecto de este, y no dudo que Manuel Andrés proponga a la esposa de Riobóo como candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN.
Y ya que hablamos de la Corte, este máximo tribunal declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017 al considerar que se pretendía regular la utilización del ejército en tareas de seguridad pública. Curiosamente mientras eso se aprobaba en la Suprema Corte, se presentaba por el presidente electo el “Plan Nacional de Paz y Seguridad” que contempla la creación, con miembros del ejército, la Marina y de la Policía Federal, la creación de la “Guardia Nacional” encargada de realizar -¿perdón, que dijo la SCJN?- tareas de seguridad pública y combatir la inseguridad en el país. Esto contrasta abiertamente con lo que venía ofreciendo el futuro Presidente en su campaña, de sacar al ejército de las calles, ahora la fórmula es muy sencilla, -para no sacarlo, le cambio el nombre-. Lo curioso es que no vemos a todos esos luchadores sociales y de derechos humanos y periodistas afines a Morena rasgándose las vestiduras como lo hacían con el texto de la Ley de Seguridad Interior ¿Qué acaso ésta si cumple con los estándares de derechos humanos y regresa al ejército a sus cuarteles? Como es reforma constitucional necesita ser aprobada por las legislaturas de los estados, en Jalisco veremos la verdadera posición de Movimiento Ciudadano votando en contra de esta reforma dentro del proceso de Constituyente Permanente, ya que, siguiendo las premisas de la Corte, si la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional con más razón la reforma de MALO.
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