Los más de 690 mil “dreamers”, jóvenes que nacieron en México, entre ellos, varias decenas de poblanos, y que desde niños fueron llevados a Estados Unidos sin contar con la documentación correspondiente, se mantienen como moneda de cambio para Donald Trump.
Tras los comicios intermedios en Estados Unidos, el Congreso reanudó el jueves las sesiones bajo tensiones por la amenaza del gobierno de cerrar si no recibe dinero para el muro fronterizo.
El reloj legislativo del país vecino indica que la Cámara de Representantes y el Senado deben completar el presupuesto federal antes del 7 de diciembre próximo, fecha en la que expira el acuerdo presupuestal temporal. Si no se llega a un arreglo, aparecerá el fantasma de una parálisis de la administración por la falta de fondos.
Donald Trump, quien se caracteriza por su actitud retadora, mantiene su postura de lograr un acuerdo con los representantes del Partido Demócrata a cambio de los dreamers.
El presidente norteamericano pone en la mesa “resolver”la situación de casi 700 mil jóvenes inmigrantes del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “dreamers” , a cambio del muro y de no abrir investigaciones sobre su gobierno.
Ante la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, el presidente norteamericano mantiene sus amenazas de permitir un cierre del gobierno y no resolver el problema de los dreamers, si no consigue lo que quiere.
Trump amaga con seguir con su postura hostil y busca hacer responsable al Partido Demócrata de los problemas y de las fallas de gobierno.
La batalla de los dreamers sobre el Programa de Acción Diferida puede llegar a la Suprema Corte de Justicia. Si se presenta un fallo contrario a su gobierno, Trump podría buscar un acuerdo con los demócratas.
En octubre pasado, Trump emplazó a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito a resolver de inmediato la apelación sobre los jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers” o de otra manera, el caso lo conduciría a la Suprema Corte de Justicia.
Fue en 2016 cuando la Corte se quedó en una decisión 4-4 sin resolución final, ante una impugnación contra la legalidad del DACA y otros programas de protección de indocumentados, impulsados por el entonces presidente Barack Obama.
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