En Tamaulipas al tercer trimestre del año se habían contabilizado 33 mil 756 delitos del fuero común, de los cuales 692 fueron asesinatos. Enero a septiembre dejó 92 denuncias por secuestro y 424 por violación, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 10 mil 718 personas denunciaron robo en sus diferentes modalidades ante las agencias del Ministerio Público, recordándose que en nueve de cada 10 delitos no se da parte a las autoridades. Durante el lapso referido, 2 mil 047 investigaciones se iniciaron por lesiones intencionales en los 43 municipios de la geografía estatal. Este es el panorama delictivo de la entidad cuando se conoce el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 presentado en días pasados por el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Se dijo que se calculan 200 mil asesinatos y más de 37 mil desaparecidos que han convertido a México en un país de víctimas. Se ha dividido al país en 266 regiones para atender el problema de inseguridad, mismo que será atacado a través de una Guardia Nacional cuyos elementos provendrán de las Policía Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal. Serán quienes se encarguen de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional. Su mando operativo estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano y de la Armada de México en zonas costeras. Los consejos estatales de coordinación se reunirán diariamente a temprana hora. Pero lo más polémico es que se considera necesario crear leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores. “Para ello se debe garantizar sus derechos, ofrecerles reducciones de penas e incluso amnistías, condicionadas a la aprobación de las víctimas y proponerles un cambio de vida”. Se plantea activar procesos de desarme, desmovilización y reinserción social con condicionamientos como: Plena colaboración con la justicia, manifestación inequívoca de arrepentimiento, reparación del daño y perdón otorgado por las víctimas. Se busca regular estupefacientes actualmente prohibidos para incidir en una reducción de las adicciones y una disminución de ganancias de quienes se dedican a esta actividad y con ello se apuesta por una “atenuación” de la violencia. No hay que perder de vista que en un estado como Tamaulipas, a muchas familias la palabra amnistía les lastima.
