Los radicales catalanes, con especial protagonista para los «cachorros» de la CUP, pretenden instaurar «su» Justicia en esa comunidad, en la que no tengan cabida aquellos jueces y magistrados que se dediquen simplemente a hacer cumplir la Ley, sobre todo si ello significa que algunos de sus referentes tengan que responder por sus acciones. En esa campaña se pueden enmarcar los últimos «mensajes» al juez Pablo Llarena, donde la entrada de su vivienda apareció el miércoles rociada con pintura amarilla. Y para «presumir», Arran, las juventudes de la CUP, subieron el vídeo a la red.
Los datos vienen a señalar que empieza a cundir un cierto desánimo entre los miembros de la Carrera Judicial por permanecer en los juzgados y tribunales de Cataluña, y, en cambio, aumenta el deseo de salir de ese territorio cuando se presente la primera oportunidad para ello.
Así, según informaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, en el último año, desde septiembre de 2017 a octubre de este año, 43 jueces y magistrados han abandonado los destinos que tenían en Cataluña para ejercer su labor en destinos «menos conflictivos» y sin la presión de sufrir algún tipo de represalias por quienes no aceptan las reglas de un Estado de Derecho. En cambio, sólo cuatro jueces pidieron regresar de forma voluntaria a juzgados catalanes en ese mismo período; mientras que otros, recién salidos de la Escuela Judicial, se vieron «obligados» a comenzar su carrera en Cataluña, ya que los primeros del escalafón optan por otros destinos.
Toda vez que desde septiembre de 2017 a agosto de 2018 fueron 33 magistrados los que se marcharon de Cataluña, resulta que en este último año han sido otros 10 los que han optado por ejercer en otras comunidades autónomas.
En todo caso, desde fuentes judiciales se quiere destacar que no se trata de ninguna «desbandada general» de jueces de Cataluña, pero que al existir una notable diferencia entre quienes abandonan los juzgados catalanes y los que regresan, «la situación, lejos de mejorar, empeora cada vez más». De hecho, el porcentaje de jueces que ha perdido esta comunidad autónoma antes y después del «procés» supera el 80 por ciento.
Para el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Cataluña, Pablo Baro, el «éxodo» de jueces de esta comunidad autónoma es algo «preocupante». Entre las causas que pueden influir en esos abandonos figuran, en su opinión, el «ambiente de tensión que vivimos», el cual es uno de los detonantes de esta fuga de magistrados», entre los que se encontrarían los sucedidos ante la vivienda de Pablo Llarena y de su mujer, la también magistrada Gema Espinosa, cuando uno de sus hijos se encontraba en el interior.
Precisamente, en relación con estos hechos, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer por unanimidad un acuerdo en el que se expresa el «más absoluto rechazo» ante al ataque sufrido por los dos magistrados y su familia, «y al ataque que con ello se ha perpetrado también contra todos y cada uno de los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña»; e idéntico rechazo frente «a las expresiones de apoyo a esas conductas criminales y a quienes las están alentando».
Además, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados insta a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio del Interior y al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña «para que de inmediato adopten todas las medidas para la persecución de las personas y grupos que han participado en esos hechos delictivos»; y, a la vez, reclamar a las autoridades competentes en materia de seguridad «para que adopten las medidas de protección adecuadas y efectivas de las personas y los bienes de los magistrados atacados», e igual respecto a los demás magistrados que ejercen en Cataluña.
Sobre esta cuestión, Pablo Baro considera que el ataque registrado contra la vivienda de Llarena y el lanzamiento de excrementos en distintos juzgados, reivindicados por los Comités de Defensa de la República, hay que enmarcarlos, precisamente, en ese «ambiente de tensión» que se vive en esta región. Dichos episodios, afirma al respecto, son intolerables y es preciso condenarlos de forma contundente. «La sociedad no puede banalizar estos sucesos, que únicamente contribuyen a degradar la convivencia», por lo que el Estado debe adoptar las medidas necesarias «para evitar que se repitan», reclaman.
