El pleno del Consejo de Estado aprobó ayer el informe encargado por el Gobierno sobre la reforma de la Constitución para suprimir los aforamientos de los políticos. El texto pasó la criba por amplio consenso, pero al menos un voto en contra. El pleno, presidido por la presidenta del máximo órgano consultivo del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dio luz verde al dictamen redactado por la Comisión de Estudios tras una reunión de algo más de dos horas.
El informe pasará ahora a manos del Gobierno, con la duda de si lo examinará hoy, en su reunión semanal, o más adelante. Según el presidente, Pedro Sánchez, la intención es que el Consejo de Ministros apruebe la propuesta de reforma constitucional antes de que acabe este mes, por lo que aún tendría otras dos fechas (días 23 y 30), para darle el visto bueno.
Según ha podido constatar Ep, la propuesta contará con al menos un voto particular en contra y previsiblemente varios explicativos a favor. La anterior propuesta (y único antecedente) de reforma constitucional elaborada por el Consejo de Estado en 2006 también contó con un voto particular en contra, el del ex presidente José María Aznar, que ya no es miembro del órgano supremo consultivo del Ejecutivo. Otros dos consejeros presentaron entonces votos particulares reflejando alguna reserva o discrepancia, pero votaron a favor.
El Ejecutivo encomendó el informe el pasado 21 de septiembre sobre la modificación de los artículos de la Carta Magna (71.3 y 102.1) que establecen el aforamiento de los diputados, senadores y miembros del Gobierno, pero indicó su voluntad de restringirlo al «estricto ejercicio» de sus funciones como cargo público, excluyendo delitos asociados con la corrupción. El objetivo de es terminar con la sensación de que el fuero de ministros y parlamentarios supone un privilegio.
Trasladar esta idea al plano jurídico podría requerir especificar uno a uno los delitos que no estarían cubiertos por el aforamiento. El Consejo de Estado sí puede sugerir en su informe qué leyes y en qué sentido convendría modificar para que se adecuaran a la nueva redacción de la Constitución. El Gobierno también espera que le indique si otros aforados como los parlamentarios autonómicos deberían adoptar la misma línea que fije la reforma.
Una vez que el Consejo de Ministros apruebe la propuesta, el deseo del Ejecutivo es que esté lista en un plazo de dos meses desde que se inicie su tramitación. Para que salga adelante es preciso el apoyo de una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso, como en el Senado, por lo que es preciso el beneplácito del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta.
