Cuando parecía que el asunto de Madrid Central estaba cerrado, al menos para las familias no residentes que llevan a sus hijos en coche al colegio, dieciocho asociaciones de padres y madres de centros educativos públicos del Centro y Arganzuela han reabierto el conflicto. En esta ocasión, y con la defensa de las restricciones al tráfico privado impulsadas por Ahora Madrid desde el Ayuntamiento, para pedir que se reviertan algunos de los acuerdos alcanzados entre las comunidades educativas, las familias afectadas por la nueva norma y el Área de Medio Ambiente y Movilidad.
Esos pactos, confirmados el pasado 24 de octubre por la delegada del ramo, Inés Sabanés, y aprobado en Junta de Gobierno cinco días después, permitirán acceder a determinadas matrículas al Área de Prioridad Residencial (APR) a través de unas autorizaciones gestionadas por los centros educativos. Lo podrán hacer de manera permanente. Hasta esa fecha, el Ayuntamiento solo había ofrecido una solución provisional para el curso vigente.
Ese es el escenario al que esta plataforma en defensa de Madrid Central quiere volver, para indignación de los otros progenitores. «La realidad es compleja y se van a dar situaciones de dificultad especiales, como las que han relatado algunas familias que no viven ni trabajan en el distrito Centro pero sí llevan a sus hijos en esta zona y utilizan el coche a diario. Por eso compartimos la propuesta del Ayuntamiento de Madrid de dar permisos de excepcionalidad a algunas familias que lo necesiten, mientras buscan alternativas al transporte privado. No obstante, consideramos que las medidas propuestas inicialmente por el Ayuntamiento resultan excesivas», explican en un comunicado en el que llaman a participar en una manifestación, mañana, desde Cibeles a Sol apoyada por Ecologistas en Acción, la Fravm o Greenpeace, entre otros 40 colectivos.
«Los permisos no podrán expedirse más allá de la duración de los tiempos que dictamine el calendario escolar para el curso 2018-2019», reclaman. A ello añaden que sea «el propio Ayuntamiento quien emita los permisos bajo criterios objetivos y justificables» y no los centros educativos.
«Hay un trasfondo político»
El epicentro de estas protestas es el CEIP Nuestra Señora de la Paloma, en el barrio de La Latina, al que ayer algunos alumnos y sus padres llegaron con mascarillas en la cara y carteles con lemas como «Coles sin malos humos» y «Menos coches y más flores». Una «utilización de los menores» que, Ampas como la del colegio Santa Isabel-La Asunción –muy activo en las reivindicaciones previas al citado acuerdo– consideran «repugnante». «No descartamos llevar ante Fiscalía de Menores una denuncia por estos hechos», explicaba ayer a ABC su portavoz José Luis Castellanos.
«La semana pasada recibimos por error una convocatoria de una reunión cuyo objetivo era boicotear los acuerdos que una veintena de colegios de Madrid Central alcanzamos con el Ayuntamiento», relata tras apuntar a que muchas de las Ampas que piden revocarlos «ni siquiera están dentro de la APR».
A su juicio hay un «trasfondo político» en esta guerra abierta entre Ampas. «Detrás de los firmantes de esta petición al Ayuntamiento está la Fapa Giner de los Ríos, contraria desde un principio a nuestras reivindicaciones», señala. «Es una revancha a destiempo, cuando ya hay un acuerdo aprobado en Junta de Gobierno», comenta expectante ante qué recorrido puede tener este nuevo conflicto.
