La empresa Metro de Barcelona quiere contratar al Metro de Madrid como asesor para eliminar el amianto en sus instalaciones. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que es la compañía que gestiona el suburbano de la Ciudad Condal, ha realizado una propuesta de contrato formal a su homóloga madrileña. Representantes de ambas firmas han mantenido ya reuniones en este sentido. Tras seguir de cerca la gestión que está realizando el Metro de Madrid para desamiantar sus instalaciones, en Barcelona han decidido pedir su colaboración para esa misma tarea en su red.
Está previsto que la propuesta de contrato se concrete en los próximos días. Incluirá tanto asesoramiento en los procesos a seguir, como documentación para la detección del amianto en trenes e instalaciones ferroviarias, así como los distintos procesos de retirada de este material.
Metro de Madrid tiene reconocidos, en este momento, cinco casos de trabajadores con enfermedad laboral por exposición al amianto. De ellos, dos han fallecido, en mayo y octubre de este año. La empresa de transporte madrileña, controlada por el Gobierno regional, ha puesto en marcha un plan para la eliminación del amianto, tanto en las estaciones como en el material móvil. Supondrá la inversión de 140 millones de euros hasta el año 2025.
Precisamente ayer, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, anunció que el Gobierno regional estudia crear un fondo, con asignación tributaria, para indemnizar a los empleados de Metro afectados por el amianto. Una comisión, a la que se invita a todos los sindicatos del suburbano, concretará esta medida.
Consorcio de Transportes
El pleno de la Asamblea rechazó la propuesta de modificación de la Ley del Consorcio Regional de Transportes, que llevó a la Cámara el diputado de Podemos Alberto Oliver. Los votos del PP y, por sorpresa, los de Cs, tumbaron la modificación de una norma que tiene ya 33 años y está, todos lo reconocieron, obsoleta.
La proposición de ley de la formación morada pretendía ampliar las competencias del Consorcio, adaptando este organismo a los últimos desarrollos tecnológicos. También apostaba por una mayor pluralidad en su Consejo de Administración, de manera que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes tuvieran mayor peso que ahora, y también los grupos de oposición en la Comunidad de Madrid.
El socialista Daniel Viondi, que ya predecía la dificultad de esta norma para salir adelante, dado que apenas quedan unos meses de legislatura, recogió el guante y pidió que «nos encomendemos a que tenemos que sacar una modificación de la actual Ley del Consorcio Regional de Transportes».
El PP se mostró en contra de la medida porque un cambio de nombre no sirve de nada si no se acompaña de cambios en «naturalezas jurídicas», dijo José Luis Fernández-Quejo, diputado de esta formación. Juan Rubio (Ciudadanos) agradecdió el «esfuerzo» pero entendió que llegaba tarde, y criticó con dureza las políticas que hacen de los madrileños «rehenes», como a su juicio ocurre en la capital, convertida en «un caos y una ratonera».
Para amarga sorpresa del diputado Oliver, que promovía la iniciativa, Cs unió su voto negativo al del PP. Podemos contaba con, al menos, la abstención de la formación naranja, pero su «no» tumbó definitivamente la proposición de ley.
