La casualidad ha querido que la decisión del Gobierno de Sánchez de sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos coincida con la emisión de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) en la que señala que sin el consentimiento de la familia y sin respetar los trámites establecidos por la ley no se puede exhumar el cadáver de una persona. El fallo hace referencia a la demanda presentada por dos mujeres cuyos maridos murieron en un accidente de avión ocurrido en 2010 en Rusia en el que también falleció Lech Kaczynski, entonces presidente de Polonia, además de otras 93 personas. Pese a la oposición de estas dos viudas, los fiscales polacos ordenaron el desentierro de los cuerpos para investigar si, como algunas fuentes sugerían, el accidente se había producido al estallar en pleno vuelo un artefacto. Estrasburgo ha decidido ahora por unanimidad que «hubo una violación del artículo 8 (derecho al respeto por la vida privada y familiar) de la Convención Europea de Derechos Humanos». La sentencia del TEDH aumenta el embrollo en que el Gobierno se ha metido con la efectista medida de sacar a Franco de Cuelgamuros, asunto que según Sánchez estaría resuelto en julio. Vamos por noviembre. El Ejecutivo vio que todo empeoraba al designar los nietos La Almudena, donde los Franco tiene sepultura, como tumba alternativa. Tampoco eso le valía a Sánchez y hasta el Vaticano se fue su vicepresidenta para intentar evitar que el cuerpo terminase allí, con el resultado conocido: quedó como embustera al anunciar un acuerdo con la Iglesia que la Santa Sede negó por escrito. La penúltima ocurrencia es hacer una ley específica para sacar como sea a Franco del Valle. Ahora Estrasburgo avisa preventivamente a Sánchez que por ese camino no, lo que ya iba dictando el sentido común, los derechos de las personas y la ley.
