La reciente polémica respecto a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas no contribuye, precisamente, a prestigiar un sector, el financiero, que a pesar de los recientes problemas, tanto ha ayudado a impulsar el crecimiento y la creación de empleo, y tan necesario es para seguir impulsándolos. Dicha polémica tampoco consigue recuperar la confianza de los ciudadanos en el sector financiero, confianza ya mermada además por la reciente crisis económica. No solo eso, sino que probablemente los recientes acontecimientos han provocado lo contrario; aumentar la animadversión hacia un sector, insisto, clave para el desarrollo económico.
Además, las repuestas populistas por parte de algunos dirigentes políticos, incluso al más alto nivel, han amplificado el problema, la animadversión y la falta de confianza.
La única voz sensata al respecto ha sido la del líder popular Pablo Casado quien ha abogado por la supresión de dicho impuesto. Hemos creado un problema donde no existía y se ha solucionado de la peor manera posible. Si a todo esto añadimos que, como recordaba, aún colean las consecuencias de la reciente crisis económica donde una parte de la población percibe de forma negativa el papel de las entidades financieras en el desarrollo de la misma, es fácil entender la frustración de algunos segmentos de la población. Por tanto tenemos que hacer autocrítica como sociedad y, especialmente, el sector financiero.
Necesitamos un sector financiero fuerte y saneado que contribuya a impulsar un crecimiento sostenido, sostenible e inclusivo, y una población que confíe en él y perciba esa importante contribución. Además, el mundo está cambiando. La globalización ha generado desarrollo y crecimiento en muchas partes del globo. Pero también ha generado frustración en una parte del mundo occidental que no se siente partícipe de los beneficios de la misma. Eso nos obliga a actuar de forma diferente tanto a la clase política como a los agentes económicos. Y por supuesto, también, al sector financiero. Debemos dotarnos de una nueva dimensión social que permita a los agentes económicos empatizar de nuevo con esos segmentos de la población frustrada con las actuaciones descritas anteriormente. En el caso del sector financiero es más importante si cabe dotarse de esa dimensión social que contribuya a reconciliar a los bancos con la población. Recientemente, el presidente de una de las entidades financieras más importantes del mundo, JP Morgan, Jamie Dimon, declaraba que los bancos debían hacer más, en más lugares para ayudar a la gente. Dimon decía también que los políticos, pero también los líderes económicos y sociales, tienen la responsabilidad de ayudar y apoyar a aquellos que se han quedado atrás.
Desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO), tanto mis predecesores como yo, entendimos la importancia de esa dimensión social de nuestra actividad. Por ello, el ICO fue pionero en Europa en la emisión de Bonos Sociales. Es importante recordar en este punto que el ICO no se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado, sino que se financia en los mercados de capitales a través de emisiones. Los fondos obtenidos a través de esas emisiones sociales se utilizaron para financiar a pymes y micropymes localizadas en comunidades autónomas con PIB inferior a la media. La comunidad más beneficiada ha sido Andalucía y en su conjunto las emisiones sociales permitieron mantener o crear o mantener únicamente en 2016 más de 60.000 empleos.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo las entidades financieras, tanto públicas como privativas, pueden dotarse de esa dimensión social tan necesaria en el actual contexto económico y social. Obviamente este reto no es sólo responsabilidad de las entidades financieras. También legisladores y reguladores deben contribuir a fomentar e impulsar esta dimensión social de nuestra economía. La banca responsable debe ser una realidad con la ayuda de todos.
Recientemente, la Comisión Europea ha publicado el Plan de Acción sobre finanzas sostenibles para apoyar la contribución del sector financiero con el objetivo de lograr una economía global más sostenible. Es decir la Comisión quiere implicar al sector financiero para impulsar la transición hacia una economía baja en carbono y promover el desarrollo sostenible. En este contexto se enmarca el Plan de Acción de la Comisión Europea recientemente presentado, que se enlaza con los esfuerzos de la Unión de Mercados de Capital para implicar al sector financiero en el objetivo de favorecer un desarrollo sostenible e inclusivo en beneficio del planeta y de la sociedad.
El reto por parte de las autoridades europeas es incorporar la sostenibilidad en el marco prudencial. En este sentido, la Comisión Europea estudia la posibilidad de introducir el llamado «factor de apoyo ecológico», a la hora de establecer los requisitos de capital a los bancos cuando se justifique desde la perspectiva de riesgos y se asegure la estabilidad financiera. Sería importante en el actual contexto económico y social y para impulsar la dimensión social de nuestras economías, incluir también un factor social, no sólo medioambiental, a la hora de calcular dichos requisitos de capital. Eso ayudaría a las entidades financieras a dotarse de esa dimensión social tan importante en el actual contexto. Contribuiría también a que las entidades financieras jugaran un papel clave en impulsar un crecimiento sostenible, sostenido e inclusivo.
Recientemente el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, recordó que «impulsar una economía más verde y sostenible es bueno para la creación de empleo, bueno para las personas y para el planeta». Y precisamente el reto es conseguir que esa dimensión social y sostenible de la economía sea un catalizador de un crecimiento y una creación de empleo más inclusivas.
Todo esto contribuiría en definitiva a la reconciliación entre las entidades financieras y la sociedad.
Pablo Zalba fue presidente de ICO
