Después de una carrera meteórica en la Comisión Europea, Nadia Calviño (La Coruña, 1968) aceptó el puesto de ministra de Economía en un Gobierno inesperado, en el que le ha tocado ejercer el papel de defensora de la ortodoxia del Pacto de Estabilidad, como contrapeso canónico a las exigencias populistas de los socios de Pedro Sánchez. Y en esta labor, muchos siguen tratando de adivinar dónde se situaría políticamente esta brillante gestora de lo público, hija de uno de los más polémicos directores de Televisión Española de la época de Felipe González. Antes de tener que lidiar con el campo de minas político en el que se ha metido Pedro Sánchez, ella tenía en la cabeza todo el presupuesto de la UE y las espinosas cuentas del Brexit, así que no es de extrañar que hable con cierta tranquilidad del rompecabezas político en el que ahora trabaja.
–¿Cuándo piensa el Gobierno presentar los Presupuestos? ¿Aún cree que será posible después de las declaraciones hostiles de los líderes independentistas catalanes?
–Nuestro objetivo es presentarlo a principios de diciembre y, por supuesto, ese es el plan principal en el que trabaja el Gobierno porque creemos que son los Presupuestos que España necesita. Es difícil entender que haya grupos políticos que se manifiesten no dispuestos ni siquiera a empezar a discutir sobre la base de esos Presupuestos.
–¿A qué grupos políticos se refiere?
–Me refiero a distintos grupos políticos que por razones relacionadas o no con aspectos presupuestarios se manifiestan contrarios a ni siquiera tratar de encontrar ese consenso. Mire, hay grupos que en principio deberían estar dispuestos a discutir estos Presupuestos porque protegen la disciplina fiscal, porque suponen una reducción del déficit, porque hay un ajuste estructural, porque permiten reducir la deuda. Es decir, que aquellos que defienden la ortodoxia presupuestaria deberían tener puntos en común. Y al mismo tiempo son unos Presupuestos que permiten llevar a cabo una política social y mejorar la justicia de la parte de los ingresos y eso debería también permitir la discusión con otro lado del espectro político.
–Entiendo que se refiere al PP y a Ciudadanos y no a los independentistas catalanes.
–Hay algunos partidos que no están dispuestos por razones que teóricamente están relacionadas con los mismos Presupuestos, y hay otros que parecen querer vincular el tema presupuestario con otras cuestiones con las que no se debe ligar, sobre todo cuando se trata de asuntos en los que el Gobierno no tiene competencia para actuar, como son las cuestiones judiciales.
–Algo sí que ha dicho el Gobierno, y no solo lo ha dicho, sino que lo ha hecho con el gesto de la Abogacía del Estado. Eso se ha interpretado como una maniobra extra presupuestaria para intentar ganar ciertos apoyos para los Presupuestos.
–Yo no veo una relación directa entre las dos cosas. Estamos en un momento procesal en el que la Abogacía del Estado, por primera vez, tenía que calificar desde el punto de vista jurídico determinados actos y ha expresado una calificación sobre la base de criterios jurídicos. No creo que eso tenga nada que ver con el Presupuesto.
–Los independentistas habían pedido un gesto y eso ha sido un gesto, me parece.
–Yo creo que es una calificación sobre la base de la evaluación jurídica de los hechos que ha hecho la Abogacía del Estado en el momento procesal oportuno.
–Es decir, que el Gobierno debería hacer aún otro tipo de gestos. ¿Tiene que hacer otra cosa más?
–Sobre esto he venido diciendo de forma clara y coherente que no me parece bien mezclar cuestiones presupuestarias con otras que no tienen nada que ver.
–Pero es evidente que están mezcladas si el Gobierno quiere depender de esos escaños. Y ha sido el propio Ejecutivo el que ha entrado en ese debate.
–Yo no lo veo así. El Gobierno ha sido muy claro a la hora de marcar la separación de ambas cuestiones y de respetar la independencia judicial.
–¿Qué plazos tenemos entonces para los Presupuestos? ¿El Gobierno se ha puesto un límite?
–Trabajamos con el proyecto de que se presenten los Presupuestos a primeros de diciembre y será entonces cuando se verá qué opciones hay o qué decisiones hay que tomar.
–¿Sería muy complicado llevar a cabo los objetivos del Gobierno con unos Presupuestos prorrogados?
–Como he señalado, esa es una opción prevista en nuestro ordenamiento jurídico y no sería la primera vez que se utiliza con los ajustes necesarios en el sistema. De momento, ya hay algunas cuestiones en marcha, como la creación de las nuevas figuras tributarias, el impuesto a las transacciones financieras y el impuesto digital sobre las grandes plataformas, que nos parecen elementos importantes para alinear el sistema fiscal con el siglo XXI y eliminar la distorsión que supone que haya diferencias entre las empresas que trabajan en la economía física y las que están en el mundo digital. Esos impuestos ya se están tramitando y en las próximas semanas serán enviados al Parlamento.
–¿Y el aumento de cotizaciones en la zona alta del IRPF?
–Aquellas modificaciones que se tuvieran que hacer en la ley de Presupuestos se harían mediante el cauce normativo oportuno.
–Hay cosas en estos Presupuestos que llaman la atención, como el del salario mínimo, que parece una cosa buena, pero también hay expertos, incluso el gobernador del Banco de España, que advierten de que no se conocen los efectos que puede tener sobre el empleo una subida tan importante. ¿No le da miedo que esto tenga efectos inesperados?
–Pues precisamente vengo de un debate en uno de los foros más importantes de Europa, Bruegel, donde el director ha dicho, y no he sido yo quien se lo ha pedido, que es necesario revisar los modelos y la literatura económica sobre el salario mínimo, porque muchas de las previsiones teóricas no se han reflejado en la realidad. La evidencia que existe es mixta, unos modelos concluyen que puede haber un impacto negativo y otros no. Lo que sí es cierto es que en España hay un salario mínimo por debajo de los de nuestro entorno, que ha habido una caída de los salarios en los últimos años, que casi el 70% de las personas que perciben el salario mínimo son mujeres y que se trata de una medida importante dentro de una política de recuperación de derechos y mejora de las condiciones laborales de las personas, que además no debe ser vista aisladamente porque viene acompañada de una serie de planes y de actuaciones que también servirán para maximizar su impacto positivo.
–Lo decía por algunas cosas que han llamado mucho la atención, como la repercusión para los autónomos.
–Independientemente del ritmo, la subida del salario mínimo era un acuerdo al que habían llegado los agentes sociales. Es una reclamación y un tema importante en términos de cerrar brechas y de reducir la desigualdad en nuestro país. Respecto a los autónomos, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de mesas de negociación con todas las organizaciones representativas, con las que hay vías de diálogo para ver cuáles son las mejores formas de alinear las contribuciones del colectivo con sus ingresos reales y garantizar que el régimen especial de autónomos es también sostenible a largo plazo.
–Pero da la impresión de que se trataba de una medida que no había sido bien planificada.
–Como le digo, la subida del salario mínimo interprofesional se lleva discutiendo desde hace tiempo. No creo que pueda sorprender.
–No la subida en si, sino la dimensión es lo que parece sorprendente. Algo así como lo que ha pasado con el diésel, que de repente se está demonizando y nadie parece haber previsto las consecuencias de mover este asunto.
–La fiscalidad medioambiental no es algo que esté planteándose solo en nuestro país. En todas partes se reflexiona sobre cómo crear los incentivos adecuados para favorecer el tránsito hacia una economía sostenible desde el punto de vista medioambiental. En estos momentos, lo que resulta cuestionable, a la luz de la evidencia de que el diésel es tan perjudicial como la gasolina, es si sigue teniendo sentido mantener los incentivos fiscales a este combustible. En algunos países se están planteando medidas drásticas, como prohibir determinado tipo de vehículos en algunas ciudades. Creo que la aproximación del Gobierno es prudente.
–¿Va a devolver anticipadamente al MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad)?
–Este año hemos podido devolver 3.000 millones más de forma anticipada. Esto, junto con otras medidas de gestión eficiente de tesorería, se orienta a este objetivo prioritario que es reducir la deuda. Todo cuenta. Cada año gastamos unos 30.000 millones de euros en pagar los intereses de la deuda y esos recursos se retraen de políticas sociales, de la educación, etc...
–¿La privatización de Bankia ayudará para alcanzar ese objetivo?
–Tenemos un calendario que prevé la privatización a finales del año próximo. Tenemos tiempo para tomar una decisión sobre un banco que tiene un funcionamiento correcto, unos buenos gestores y un valor superior al que tienen en este momento las acciones en el mercado. No es el momento para vender.
–La respuesta del Gobierno a la decisión del Supremo sobre el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados puede acabar dejando las cosas como antes si los bancos suben el precio de las hipotecas. ¿No habría sido mejor eliminar este impuesto para evitar la conflictividad?
–Se trata de un impuesto transferido a las comunidades autónomas, forma parte de su sistema de financiación. Y son las comunidades autónomas las que proveen a los ciudadanos servicios esenciales como la educación, la sanidad, las políticas sociales, etc... Privarlas de recursos pone en peligro su capacidad para atender las necesidades y los derechos de los ciudadanos.
JAIME GARCÍA
«Mientras haya déficit público, la deuda seguirá aumentando»
–¿Cómo piensa enfocar la sostenibilidad de las pensiones?. Este año la Seguridad Social cerrará con déficit.
–Sí, ya estaba previsto por el anterior Gobierno y nosotros estamos tratando de que sea lo menor posible. El primer mensaje que hay que lanzar es el de tranquilidad, a los pensionistas y los beneficiarios. Nuestro sistema de Seguridad Social es sólido. Pero ello no significa que no haya que reflexionar sobre la estructura de ingresos y de gastos para garantizar que las pensiones son dignas ahora y también dentro de veinte o treinta años. Eso es lo que queremos hacer en coordinación con el pacto de Toledo: garantizar pensiones dignas ahora y también para nuestros hijos es el objetivo principal del Gobierno.
–¿Y aquel baile de si las pensiones se vinculan o no al IPC?
–El compromiso del Gobierno es que el aumento de las pensiones se vincule al IPC. Ahora bien, si hablamos de la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo, eso no depende solo de cómo aumentan, sino de la estructura demográfica, de los ingresos, del empleo, del aumento salarial, etc... Estos son factores que tendrán que ser tenidos en cuenta. Déjeme darle un ejemplo: hace un mes, la Airef presentó una proyección demográfica para España para el año 2050 que es muy distinta de la que habíamos venido manejando. Son estudios que prevén un aumento o una evolución más positiva de la población española. Dependiendo del escenario demográfico cambia totalmente el sistema, de modo que no se puede llegar a conclusiones apresuradas sobre la Seguridad Social.
–Es decir, que vincular las pensiones al IPC es tan peligroso que hay que poner cosas alrededor para evitar sus efectos indeseados.
–No es eso lo que he dicho. Estoy diciendo que las pensiones aumentarán con arreglo al IPC como ha prometido el Gobierno pero que, de cara al largo plazo, habrá que ver si hay que hacer o no otro tipo de ajustes. Y lo primero que he hecho es mandar un mensaje de tranquilidad.
–¿Y de dónde saldrán los ingresos necesarios?
–Pues habrá que ver cuál es la evolución de los ingresos, a la luz de aspectos como la mejora del mercado laboral. Los últimos datos son muy positivos, estamos rozando los 19 millones de afiliados. Y si suben los salarios también subirán los ingresos de la Seguridad Social. Hay que reflexionar también sobre si todos los gastos que actualmente se pagan con el sistema contributivo, como por ejemplo las pensiones no contributivas, si tienen que estar financiados por el mismo sistema o por los Presupuestos Generales del Estado. El Pacto de Toledo es el foro adecuado para adoptar recomendaciones y nosotros estamos analizando las distintas opciones para ver cómo enfocar mejor esta cuestión.
–Pero lo dice como si en España no hubiera ya una elevada deuda y más aún después de la crisis. ¿Es razonable pensar en seguir endeudándose?
–Nuestra intención es que la deuda pública se reduzca en 2018 y 2019 al doble del ritmo que se ha producido en los últimos tres años, en los que se ha fiado la reducción del déficit y de la deuda a la buena marcha del ciclo económico. Lo que queremos es tomar medidas de ajuste estructural para que la reducción de la deuda sea más intensa en los próximos años y del 98,1% del PIB de finales de 2017 se baje al 95,5% a finales del año próximo.
–¿Significa eso que la cifra de deuda en términos absolutos es menor o es solo que el aumento del crecimiento del PIB hace que la proporción relativa sea menor?
–Mientras haya déficit público, la deuda aumentará en términos absolutos. Por eso es tan cuestionable que se defiendan bajadas de impuestos en el momento actual.
JAIME GARCÍA
«No estamos hablando de una contrarreforma laboral, sino de ajustes»
La reforma laboral ha sido uno de los temas en los que la Comisión, como sabe muy bien porque estaba usted aquí en Bruselas, ha pedido reiteradamente que se profundice en su desarrollo en la dirección de dotar al mercado laboral de una mayor flexibilidad. Su Gobierno empezó diciendo sencillamente que la quería derogar totalmente y ahora, la verdad, no se sabe muy bien qué planes tiene.
–La ministra Valerio ha dicho textualmente que no estamos hablando de una contrarreforma, pero sí de abordar algunos ajustes. En los últimos años se ha producido una importante precarización del mercado laboral. Hay una gran volatilidad. Hay mucha gente que está contratada por horas, o de lunes a viernes.
–En muchos países europeos también es así o aún más flexible.
–Sí, pero en nuestro país se traduce en que hay gente que no tiene oportunidades de establecer su vida, comprarse una casa o diseñar un proyecto vital porque no tienen seguridad sobre lo que les va a pasar al día siguiente. Y creo que hay bastante acuerdo sobre la necesidad de que la legislación laboral se ajuste para corregir estos aspectos más nocivos, aunque lo que hacemos es apoyar la negociación colectiva. Estas cuestiones se están planteando entre sindicatos y empresarios y lo que yo pienso es que hay que empezar a trabajar en un Estatuto laboral del siglo XXI que de verdad se adapte a las nuevas formas de contratación, a las nuevas formas económicas, a las nuevas actividades, a las nuevas empresas y a las nuevas necesidades de nuestro país.
–Su compañera de Gabinete, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, ha anunciado que pretende aumentar la aportación de los bancos al Fondo de Garantía. ¿Hay alguna razón concreta para justificarlo?
–Lo importante es tener un Fondo de Garantía de Depósitos suficientemente dotado. Por eso, es preciso reflexionar sobre las contribuciones y, en general, sobre el marco normativo aplicable. No hay ninguna decisión tomada sobre este tema.
