El Partido Popular y Ciudadanos lo tienen claro: la compra de Bicimad por parte del Gobierno de Manuela Carmena fue una «auténtica chapuza». Los primeros, con José Luis Martínez-Almeida como portavoz, judicialización el proceso de cesión en febrero: se querellaron contra Inés Sabanés y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, por haber incurrido presuntamente en los delitos de malversación de fondos y prevaricación al entregar 10,5 millones de euros a Bonopark, la empresa que gestionaba la bicicleta pública y que acusaba pérdidas mensuales de 300.000 euros. La formación que encabeza Begoña Villacís en la ciudad pedirá en su dictamen final de la última sesión de la comisión de investigación, prevista para el próximo 28 de noviembre, que se declare nula la compra de Bicimad.
Ciudadanos exigirá así que Bonopark devuelva los 10,5 millones de euros que recibió por la compra y que el Consistorio rehaga las cuentas. Si algo han servido las ocho sesiones de la comisión ha sido, como sostiene Sergio Brabezo, portavoz de Medio Ambiente y Movilidad de la formación naranja, para «evidenciar que la operación no se hizo de manera correcta».
Para el edil de Cs fue clave la declaración del director financiero de la EMT, David Pérez Moncada, el hombre que firmó documentos que aparecían sin rúbrica cuando ABC destapó el caso. «Este alto cargo de la EMT reconoció que no se hizo ningún tipo de estudio ni de auditoría correctamente. Además, reveló que se le ejercieron presiones para hacer rápido el proceso», apunta Brabezo.
Señala también que Pérez Moncada maquilló informes: «Hizo documentación en un momento determinado sobre la valoración de Bicimad que luego un año después se utilizó para valorar la propia empresa». No olvida el testimonio del alto cargo de la sociedad pública donde dejó claro que se dieron tres millones de euros de beneficio a Bonopark, declaración que el PP llevó al juzgado para ampliar su querella. «Reconoció lo fundamental: que el proceso de cesión se hizo rápida, sin valoración correcta y con documentación que no estaba validada», apostilla.
PP y PSOE lo analizan
El resto de la oposición, PP y PSOE, aún está estudiando los diferentes testimonios para elevar sus conclusiones a la junta de portavoces que se desarrollará antes de la última sesión. «Estamos analizando todas las declaraciones de la comisión y toda la documentación y no nos cerramos a ninguna resolución, pero estamos trabajando en detalle», avanza Álvaro González, el portavoz del PP en la comisión de Bicimad, quien recuerda que ha habido una treintena de comparecientes que se han negado a acudir a estas sesiones extraordinarias. Entre ellas, los responsables de Bonopark y la propia alcaldesa.
Carmena informó el pasado 5 de octubre que no acudiría a la comisión porque no atañía a «sus competencias» y «atribuciones», sobre todo porque se trataba el aspecto económico de la operación. Sin embargo, el 21 de diciembre de 2016, dos meses después de formalizarse la cesión vía notario, la regidora firmaba como máxima responsable de la Junta de Gobierno, la transacción de los 10,5 millones de euros que se inyectaron a la EMT para hacerse con Bicimad.
La causa se instruye en el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid. El siguiente hito del caso será el resultado del peritaje independiente, el que apunte si el Ayuntamiento madrileño pagó de más debido a las prisas para no dejar el servicio muerto en la ciudad.
