PP y PSOE ultiman un acuerdo para repartirse de nuevo los puestos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los dos partidos negocian la nueva composición del órgano de gobierno de los jueces así como la presidencia del Tribunal Supremo en un momento de grave crisis de la justicia en vísperas del juicio del procés y tras el escándalo de la sentencia de las hipotecas que ha enterrado el prestigio del alto tribunal.
El pacto para la renovación del CGPJ está "adelantado", según las fuentes consultadas por eldiario.es, aunque quedan por cerrarse algunos flecos. El lunes termina el plazo, después de varias prórrogas, para que se registren las propuestas de los grupos: "El lunes les informaremos de la propuesta del PSOE y si va acompañado de otros partidos o no", expresó en una entrevista la número dos del partido, Adriana Lastra.
Sánchez y Casado acordaron iniciar las conversaciones en su reunión en el Palacio de La Moncloa a principios de agosto. Es el único encuentro que han mantenido, y han dejado las negociaciones en manos de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y de su antecesor por parte de los conservadores, Rafael Catalá, que se han reunido en varias ocasiones.
El reparto para la renovación que constitucionalmente está prevista para inicios de diciembre, que es cuando acaba el mandato de Carlos Lesmes, es que PP y PSOE se adjudiquen la mitad de los nombramientos cada uno. Las Cortes tienen que designar a los 20 vocales del CGPJ –de los que doce son magistrados designados a partir de las propuestas de las asociaciones y ocho por las formaciones exclusivamente– con una mayoría cualificada de tres quintos. Una vez compuesto, eligen al presidente, que generalmente ya llega pactado.
El PP es imprescindible para la renovación del órgano judicial dada la mayoría reforzada que requiere su composición por lo que los socialistas han puesto sus esfuerzos en llegar a un entendimiento con Catalá, aunque fuentes del PP aseguran que "no hay acuerdo" y que ni siquiera está encauzado. El PSOE es más optimista.
Las negociaciones sí están encarriladas para que la presidencia del Poder Judicial recaiga por primera vez en una mujer. El PSOE también pretende que la composición del órgano de gobierno de los jueces sea paritaria. En la actualidad, solo nueve de los 21 integrantes son mujeres. Los nombres que están en la terna de las conversaciones son los de Encarnación Roca, actual vicepresidenta del Tribunal Constitucional; María Lourdes Arastey, miembro de la Sala Social del Supremo; Pilar Teso, magistrada de lo contencioso-administrativo también del alto tribunal; y Ana Ferrer, miembro de la sala de lo Penal. La última es la que más suspicacias despierta en el PP.
El acercamiento de PP y PSOE se produce pese a que Sánchez anunció la ruptura de relaciones con Casado, después de que este le acusara de ser "partícipe" en el "golpe de Estado" en Catalunya. Los socialistas reconocieron ya entonces que no se trataba del fin de los tratos entre ambos partidos porque los dos se "necesitan".
De hecho, la negociación del reparto de los puestos del Poder Judicial ha sido una prioridad para el Gobierno, que espera que modificaciones como la del CGPJ para que los miembros tengan de nuevo dedicación exclusiva tampoco se frustren ante el encuentro que han logrado con el PP: "Tiene que renovarse porque es una obligación y una urgencia democrática y queremos que estén reflejadas todas las sensibilidades no políticas o ideológicas sino sociales, que haya gente experta en violencia de género, en lucha contra la corrupción", argumentó Lastra.
Sus palabras sobre la necesidad de renovar el CGPJ –más allá de finiquitar el de Lesmes– se produjeron justo cuando el Supremo cambió radicalmente su decisión sobre el pago del impuesto de las hipotecas para que lo asumieran los clientes en vez de la banca, como inicialmente había dictaminado. El presidente del Gobierno emplazó al alto tribunal a hacer "autocrítica" y enseñó a Lesmes la puerta de salida, aunque la decisión en el Gobierno estaba tomada desde mucho antes. Catalá también se ha distanciado de Lesmes, con quien no mantiene una buena relación. Eso ayuda a que el PP facilite la renovación y no la bloquee, como hizo durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2008.
PP y PSOE, que suman los apoyos parlamentarios precisos para sacar adelante la renovación, han negociado de espaldas al resto de formaciones en un momento en el que los jueces han anunciado una huelga, entre otras cuestiones, por la politización de la justicia. Pero el Parlamento no ha sido capaz en lo que va de legislatura de llegar a un entendimiento para cumplir con algunas de las sugerencias de instituciones, como el Consejo de Europa, que reclaman que sean los jueces y no los partidos en el Parlamento los que designen a su órgano de gobierno.
Ciudadanos se excluyó de la negociación del reparto porque no está de acuerdo con el modelo de elección. Los de Albert Rivera abandonaron el Pacto por la Justicia en el Congreso por la negativa de PP y PSOE a permitir que doce vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces.
El PSOE sí tiene previsto cederle a Unidos Podemos un nombre de los diez que tiene que proponer. La formación de Pablo Iglesias optará por la magistrada Victoria Rosell, que fue diputada del grupo confederal y dimitió por una investigación del juez Salvador Alba a partir de una querella del exministro José Manuel Soria que finalmente fue archivada.
En el Gobierno no tienen intención de involucrar a los partidos independentistas en la renovación del Poder Judicial, aunque el Govern sí tiene intención de participar.
PP y PSOE dejarían fuera, por tanto, a los nacionalistas de la renovación de la cúpula judicial en un momento en el que las formaciones independentistas han cargado contra el sistema judicial por el juicio del procés. Los socialistas dan precisamente importancia a que ese proceso judicial se dé con un nuevo CGPJ y una nueva presidencia del Supremo: "Espero que los juicios que vengan se hagan ya con los órganos renovados", ha expresado la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
