El ex director general de Trabajo del Gobierno autonómico Daniel Alberto Rivera declaró ayer como investigado en las piezas separadas del «macroproceso» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos sobre las ayudas públicas otorgadas a las empresas Hitasal y Fertiberia, y alegó que se limitó a firmar pagos comprometidos por sus antecesores.
Rivera, director de Trabajo de la Consejería de Empleo de abril del 2010 a junio de 2012, fue excluido del bloque político del caso que ya se enjuicia en la Audiencia de Sevilla y que sí afecta a sus antecesores en el puesto Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero, que se enfrentan a peticiones de ocho años de prisión y 30 de inhabilitación acusados de prevaricación y malversación.
La instructora de la causa, María Núñez, ha sacado a Rivera también de varias piezas separadas sobre subvenciones concretas alegando que a su llegada puso orden en el sistema de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis y promovió su regulación, así como la revisión de los expedientes de las concedidas por sus antecesores al iniciarse la investigación judicial.
No obstante, aún sigue investigado en otras separatas por fondos que se abonaron durante su mandato como las de Hitasal y Fertiberia, si bien, según sostuvo ayer, él se limitó a aprobar pagos pendientes de las mismas por compromisos adquiridos por sus predecesores. Añadió que no podía poner en duda el procedimiento utilizado durante años para la concesión y pago de las mismas, según informaron a Efe fuentes del caso.
Fue cuando estalló la investigación judicial, a raíz del caso del ERE de Mercasevilla, cuando empezaron a conocerse cosas y él mismo encargo a personal de la Dirección de Trabajo la revisión de los expedientes de ayudas, mantuvo en sede judicial.
En relación con estas piezas comparecieron además varios responsables de las empresas que recibieron subvenciones, aunque muchos de ellos se acogieron a su derecho a no declarar, como el director y el jefe de personal de la cervecera Heineken.
