El Tribunal Supremo determinó el martes que son los clientes quienes deben pagar uno de los impuestos asociados a las hipotecas, en una decisión que enmendaba otra del propio tribunal de 15 días antes. El resultado de la ajustada votación provocó un inmediato estallido social que fue acompañado de una reacción de los partidos, desde Ciudadanos al PP pasando por el PSOE, IU o Podemos. El miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba un real decreto ley urgentísimo para modificar la norma y que sean los bancos los que sufraguen el tributo. La mayoría del Congreso lo apoyará, pero tanto PSOE, como PP y Ciudadanos han rechazado este mismo año una reforma legal que garantizaría que todos los gastos asociados a un crédito hipotecario los pagaran las entidades financieras.
La propuesta fue de Unidos Podemos-En Comú-En Marea y se votó el pasado 6 de febrero en el Pleno del Congreso. Obtuvo 180 votos en contra y solo 79 a favor. Ese día se celebraba el debate de totalidad de la nueva Ley de los contratos de crédito inmobiliario, la norma que regula precisamente la letra pequeña de las hipotecas.
El grupo confederal quería aprovechar la reforma de la ley para acotar con claridad quiénes debían pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el que ha llevado al Supremo a partirse en dos y jugarse su prestigio. Pero no solo. La idea de Unidos Podemos era establecer que todos los gastos derivados del registro de la hipoteca debería pagarlos el banco, único beneficiado del trámite ya que le permite después ejecutar el contrato en caso de impago y, por ejemplo, desahuciar a los propietarios.
La fórmula que había encontrado el tercer grupo de la Cámara para hacerlo era que los bancos habían trasladado al articulado de los contratos la obligación del cliente de pagar este y otros gastos derivados del registro de la hipoteca, precisamente ante la inseguridad que generaba la redacción del reglamento que el Supremo declaró ilegal hace dos semanas.
Durante el debate parlamentario de febrero, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, defendió su proyecto y habló someramente de la "distribución de gastos" entre las partes. El resto, no lo mencionó.
En el trámite de enmiendas solo dos grupos han mencionado este impuesto. El PDeCAT, para señalara que el gasto debe ser compartido por prestamista y prestatario. Y Unidos Podemos, que insiste en dos de las enmiendas (83 y 84) en que debe ser la banca la que corra con los gastos. Y, además, añade una disposición transitoria para lograr la retroactividad de la medida al señalar que se procederá a la "devolución de los gastos fiscales de la constitución del préstamo y la garantía hipotecaria".
El exministro de Economía llevó su proyecto al Congreso el 6 de noviembre de 2017. Justo un año antes de la decisión del Supremo de este martes. 365 días en los que la Cámara Baja no ha sido capaz de cerrar una ponencia, pese a las prisas que le han entrado ahora a algunos líderes de los partidos.
El proyecto fue admitido por la Mesa del Congreso el 14 de noviembre y desde entonces ha sufrido ocho ampliaciones del plazo de enmiendas. La última, del 6 de marzo. El 29 de mayo se estableció la ponencia de la ley. Cuatro meses más tarde, en julio, se reunieron por primera vez los diputados de la ponencia (los encargados de negociar y redactar el articulado).
Desde octubre, se ha reunido tres veces más y la previsión es que se vuelva a juntar la semana que viene. Los grupos querían esperar a la decisión del Supremo de este martes.
La alarma social creada por el vaivén judicial de los últimos días puede acelerar los trabajos parlamentarios. Pero el retraso que acumula la reforma de la ley hipotecaria es mayor. En 2014, la Unión Europea aprobó la directiva 2014/17 que daba de plazo a los Estados miembros para su transposición a su legislación hasta el 26 de marzo de 2016.
Más de dos años después, España todavía no ha cumplido con su obligación, lo que le ha supuesto la apertura de un procedimiento sancionador por parte de la UE.
El diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral preguntó a Guindos sobre este retraso en el Pleno. En febrero de 2017, el grupo confederal presentó una moción que pedía "adaptar la legislación española a los estándares exigidos por la legislación europea en materia de derechos de consumidores" y, expresamente, transponer la directiva 2014/17. Fue votada por unanimidad.
