La alcaldesa de Madrid no va a asistir a la comisión de investigación de Bicimad. Ciudadanos había solicitado su comparecencia, pero el pasado 5 de noviembre, Manuela Carmena envió una carta al secretario general del Pleno y sus Comisiones, Federico Andrés López de la Riva, informando de que se niega a acudir a la que iba a ser la última sesión sobre este asunto porque «no guarda relación alguna» con sus atribuciones y competencias como alcaldesa. «Le comunico que no asistiré el miércoles 14 de noviembre a la sesión de la comisión no permanente de investigación creada por acuerdo del pleno de 31 de enero de 2018 al objeto de determinar si se han producido irregularidades en la cesión del servicio de Bicimad a la empresa pública EMT», traslada la regidora en la misiva.
Alude al hecho de que su asistencia no es obligatoria y argumenta que el hecho que se trata, «valoración y aspectos económicos de la cesión a EMT» de Bicimad es «una cuestión eminentemente técnica» que no le compete. Carmena señala que, además, la valoración económica se encuentra sometida al dictamen de un perito judicial en la causa que se instruye en paralelo en el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid.
Carmena firmó la transacción
El 21 de diciembre de 2016, la firma de la regidora figuraba junto a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, para autorizar y disponer el gasto de 10,5 millones de euros para financiar «operaciones de capital» de la EMT. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno se inyectaba a la empresa pública esta partida por la operación de Bicimad.
ABC publicó en exclusiva, hace un año, que el Gobierno de Ahora Madrid se había hecho con el servicio público de la bicicleta otorgando un cheque en blanco a Bonopark, la entidad navarra que lo gestionaba (desde 2014) y que en 2015 acusaba pérdidas mensuales de 300.000 euros. El Ayuntamiento pagó 10,5 millones de euros sin que obraran informes oficiales avalando la operación y sin auditorías previas.
En la última sesión de la comisión de investigación se elevarán las conclusiones de los diferentes grupos sobre lo que ha trascendido en las ocho citas extraordinarias. Uno de los testimonios clave fue el del director financiero, David Pérez Moncada, la persona que reconoció que maquilló documentos después de que ABC desvelara que no existían escritos respaldados por técnicos sobre la compra. Este trabajador de la EMT también dijo que se había beneficiado a Bonopark con 3 millones de euros en la operación, lo que el PP calificó como «sobrecoste» y recogió para añadir a su querella.
La causa continúa investigándose en el Juzgado de Instrucción 52, que está a la espera del peritaje independiente para saber si la delegada Inés Sabanés y el director gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, pudieron incurrir en los delitos de malversación y prevaricación de los que les acusa el grupo municipal popular, encabezado por José Luis Martínez Almeida.
