El cambio legislativo anunciado este miércoles por el Gobierno obligará a la banca a abonar 340 millones de euros por el conocido como impuesto de las hipotecas en la Comunidad Valenciana.
Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana pagan el tipo más alto del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), el 1,5 por ciento, desde que el Consell del Partido Popular elevó la tributación en agosto de 2013, dentro del paquete de medidas aprobadas por el Ejecutivo que presidía Alberto Fabra para reducir el déficit público.
El actual Gobierno, formado por el PSPV y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos, no ha reducido el tipo que se paga por el impuesto que grava la constitución de hipotecas en más de tres años de legislatura. Tampoco los grupos de la oposición, PP y Ciudadanos, han reclamado una reducción del tipo, que en autonomías como Madrid o Canarias es del 0,75 por ciento. En La Rioja se aplica el uno por ciento y en Baleares el 1,2%. En el resto de regiones de régimen común el tipo es, al igual que en la Comunidad Valenciana, del 1,5%.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta mañana que el Gobierno aprobará de inmediato un real decreto Ley que modificará el artículo 29 de la Ley que regula el impuesto de transmisiones patrimoniales y el conocido como impuesto de las hipotecas para que "nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero".
De acuerdo con fuentes oficiales de la Conselleria de Hacienda, desde octubre de 2014 hasta la fecha se han registrado un total de 154.523 autoliquidaciones del AJD (en los casos de escrituras para la constitución de responsabilidad hipotecaria por la concesión de préstamos).
El importe recaudado suma 340 millones, que se habrían reclamado a los bancos en el caso de que el fallo del Tribunal Supremo conocido este martes hubiera sido distinto.
???? Ens sumem a la concentració convocada per la @PAH_Valencia este divendres a les 19 hores davant el TSJCV per a reclamar una Justícia al servei de les persones, una reivindicació que estem treballant per fer-la extensiva a tota la societat civil. pic.twitter.com/3TF8em7oem— Compromís (@compromis)
7 de noviembre de 2018En este contexto, Compromís ha tomado la delantera en las protestas contra la decisión del Tribunal Supremo de que sean los clientes y no los bancos quienes paguen el impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la firma de las hipotecas.
Los socios de gobierno del PSPV-PSOE de Ximo Puig han anunciado a través de sus redes sociales que se suman a la movilización de este viernes a la siete de la tarde en Valencia ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La protesta ha sido convocada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.
Vuelven los juicios por temas hipotecarios
Las juezas encargadas de temas hipotecarios en Valencia volverán a celebrar desde este mismo jueves los señalamientos previstos en los que deben decidir sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), tras la decisión del Tribunal Supremo, que ha fallado a favor de que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del gravamen, una decisión con la que el alto tribunal corrige a la sección que innovó la doctrina y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.
El pasado 22 de octubre, la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 25 de Valencia y las cuatro juezas de refuerzo encargadas de cuestiones hipotecarias acordaron suspender las audiencias previas y vistas en procedimientos en los sobre estas cuestiones ante la "grave situación de inseguridad jurídica" creada por la diferencia de criterio jurisprudencial en el Tribunal Supremo.
Tras celebrar una junta, las juezas acordaron que estas circunstancias provocaban una "grave situación de inseguridad jurídica", por lo que acordaron suspender las audiencias previas y vistas en procedimientos que se vieran afectados por esta materia, los procedimientos ordinarios en que se ejercite una acción de nulidad de cláusulas sobre gastos contenidos en escritura de préstamo hipotecario en lo relativo a la atribución del pago de este impuesto y solicitud de reintegro de su importe a la entidad prestamista, y notificar la suspensión de cada una de las actuaciones judiciales a las partes en procesos afectados.
Ahora, tras recibir una nota informativa del TS, el magistrado juez decano de Valencia ha dejado sin efecto ese acuerdo de la Junta de Jueces de Primera Instancia número 25 de València "procediéndose a la celebración, con normalidad, de todos los señalamientos previstos con efectos de 8 de noviembre de 2018".
