Pedro Sánchez modificará la ley a través de un decreto para que "nunca más" los clientes tengan que pagar el impuesto de las hipotecas y que se hagan cargo las entidades financieras. La medida la adoptará formalmente el Consejo de Ministras en su reunión de este jueves: "La decisión que tomaremos mañana será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague la banca", ha expresado el presidente, que ha explicado que este martes "habló el Poder Judicial y hoy y mañana va a hablar el Poder Ejecutivo".
Sánchez ha comparecido en una inusual rueda de prensa para anunciar las medidas del Gobierno tras el fallo del Tribunal Supremo que obliga a pagar el impuesto de las hipotecas a los clientes y no a los bancos, como había decidido el alto tribunal anteriormente y ha corregido.
La fórmula por la que opta el Gobierno para corregir la decisión del Supremo es un decreto para modificar el artículo 29 de la Ley de del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos de 1993. Sánchez también ha anunciado la creación de una autoridad independiente de protección de los clientes que tendrá que ser ratificada -al igual que el decreto- en el Congreso. El socialista considera que ese organismo independiente "reforzará la protección ante posibles abusos y mejorará capacidad de resolver" conflictos.
Sánchez se ha mostrado convencido de que el cambio legislativo por el que serán los bancos los que tengan que asumir el pago del impuesto de las hipotecas no repercutirá en los clientes: "Espero y creo que no. Lo creo porque el mercado hipotecario es bastante competitivo en el sentido de que hay bastante oferta no solo en la banca española sino también en la UE", ha afirmado el presidente, que ha apelado "a la responsabilidad del sector financiero".
La reforma que ha anunciado el presidente no tendrá carácter retroactivo, según ha expuesto, porque entrará en vigor a partir de su publicación en el BOE el viernes. Después tendrá que ser ratificado en el Congreso, pero el Gobierno cree que no tendrá problemas para sacarlo adelante porque los pronunciamientos del resto de fuerzas han coincidido en rechazar la posición del Supremo.
Sobre la posibilidad de que se produzcan una avalancha de reclamaciones, el presidente no se ha mojado: "No me compete decirle a los ciudadanos si tienen la capacidad o no [de recurrir]". Tampoco es partidario de suprimir ese impuesto que recaudan las comunidades autónomas: "Que hablen con los presidentes autonómicos", ha emplazado a quienes abogan por eliminarlo.
"Lo que hace el Gobierno es aclarar la situación y garantizar y fortalecer la seguridad jurídica y la igualdad", ha aseverado. Fuentes del Ejecutivo reconocían este mismo martes tras conocerse el fallo del Supremo que la "norma es imprecisa" para explicar por qué el alto tribunal se había partido en dos sobre esta decisión. Algunas fuentes del Gobierno creen que la justicia sale dañada con el viraje que ha dado en dos semanas.
Sánchez no cree que la situación que se ha generado vaya a "minar la credibilidad" de la justicia -"nada tiene que ver una cosa con la otra", ha apuntado-, pero ha mandado un mensaje a los miembros del Supremos. "Como poder Ejecutivo no podemos dejar de lamentar la situación generada por la sentencia", ha reconocido Sánchez, que considera que la decisión "no es positiva para la banca, los ciudadanos y los jueces".
El presidente ha cuestionado el viraje del Supremo y le ha pedido una reflexión interna: "Tiene que hacer una reflexión el Supremo sobre estas dos semanas que ha tenido pendiente al conjunto del mercado financiero sino también a la mayoría de ciudadanos". "Creo que se tiene que hacer esa autocrítica por parte del Tribunal Supremo", ha dicho. No obstante, se ha desmarcado de la movilización ciudadana que ha convocado Podemos: Cada partido es libre de hacer la oposición como considera. Nosotros creemos que se tiene que hacer en las instituciones", ha advertido.
En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Sánchez ha evitado pronunciarse sobre las negociaciones y se ha limitado a asegurar que la voluntad de los socialistas es que "se cumplan los plazos". Por el momento, las propuestas que deben llegar al Congreso se han ido retrasando.
