La plantilla de Alcoa está cansada de especulaciones y rumores. La multinacional estadounidense dedicada a la fabricación de aluminio no ha dado muestras de dar marcha atrás en la decisión de cerrar sus plantas de La Coruña y Avilés. La aparición de algún comprador para las factorías se antoja por el momento como la única solución para evitar que cerca de 700 trabajadores pierdan su empleo. En los últimos días, el Gobierno central ha asegurado que está buscando inversores y que hay alguno interesado. También el portavoz de la patronal gallega, Antonio Fontenla, aseveró tener constancia de que algún empresario gallego podría intentar adquirir los centros de producción.
«Hay que hablar con papeles, estamos cansados de rumores. Cuando se hable de compradores hay que hacerlo con luz y taquígrafos», afirmó esta mañana el presidente del comité de empresa de la planta de Alcoa en La Coruña, Juan Carlos López Corbacho. Las propuestas, dijo, hay que ponerlas encima de la mesa. Los trabajadores de la planta se concentraron nuevamente en protesta por el cierre y durante la tarde el comité organizó una asamblea para explicar a la plantilla el resultado de los encuentros mantenidos esta semana con la ministra de Industria, Reyes Maroto, y con representantes de todos los grupos parlamentarios en el Congreso. Además analizaron un nuevo calendario de movilizaciones para intentar evitar el cierre de las plantas.
Según informa Ep, Corbacho insistió en que el Ministerio de Trabajo debe pronunciarse sobre la denuncia realizada por los sindicatos que consideran que el ERE de extinción presentado por Alcoa es nulo al no cumplir la legalidad. El comité llevó el pasado martes la cuestión ante la Inspección de Trabajo. Desde entonces el Gobierno central ha asegurado que los servicios jurídicos lo están analizando para ver si contiene defectos de forma. Corbacho insistió en que primero hay que lograr la retirada del expediente de regulación de empleo para luego «buscar una solución». El representante de la plantilla avanzó también novedades sobre la otra denuncia judicial contra el ERE que ha abierto la plantilla europea. La justicia holandesa, donde se atiende a la reclamación del comité europeo de Alcoa, les ha enviado una citación para la próxima semana. Los representantes sindicales del grupo a nivel europeo tratan de invalidar los despidos argumentando que la multinacional no los avisó en tiempo y forma.
La próxima semana también habrá movimientos de tipo político. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada anunció que los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y de Asturias, Javier Fernández, se reunirán el jueves que viene con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para analizar la situación de las plantas de La Coruña y Avilés. Según informa Efe, Losada recordó en declaraciones a la prensa que el Gobierno está «tocando todos los palos» para conseguir mantener los puestos de trabajo en las factorías e intentado parar los Expedientes de Regulación de Empleo.
«Estamos intentando que la empresa retire el ERE, ya sea por la vía de la negociación o por los diferentes mecanismos puestos en marcha», indicó Losada. El representante del ejecutivo central en Galicia instó a esperar a la reunión del próximo jueves para poder conocer más «aspectos» sobre el proceso. El socialista recordó que el Gobierno busca «llevar a la empresa a dialogar y abrir un tiempo de estudio», para así lograr que Alcoa invierta en el «desarrollo adecuado» de las factorías y también dar «tiempo» para lograr inversores. Ante un camino «difícil», Javier Losada volvió a demandar «unidad» política para conseguir «doblegar» a Alcoa en su decisión de cierre y poder «negociar».
Por su parte, la diputada nacional de En Marea, Yolanda Díaz, reclamó desde Ferrol nacionalizar las factorías si no aparece un comprador. Díaz se posicionó a favor de aplicar «el artículo 128.2 de la Constitución Española» que dice que «mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general». Díaz pidió que el Estado realice «una intervención en las empresas», alegando que «la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está para esto». Según informa Ep, la diputada de En Marea se reunirá el próximo martes, 7 de noviembre, con el presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, en donde planteará «con contundencia estas medidas». «Lo que no es normal» es que se esté ante «una Unión Europea en la que todos los gobiernos intervienen en sus empresas y el Estado español realice dejaciones de funciones», subrayó la parlamentaria.
«Alcoa es una pieza estratégica para Galicia, para Asturias y para el conjunto del Estado, hay demanda mundial en materia de aluminio, los números están ahí y no hay ninguna razón que ampare el sin sentido de la multinacional americana», aseveró la diputada en el Congreso. «Alcoa lo único que está haciendo es garantizar el mercado, ya que incluso lo que no quiere es que se produzca una sustitución de empresa, que es el problema real», apuntó Yolanda Díaz.
