La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha evitado explicar por qué Pedro Sánchez ha cambiado su opinión respecto a si en Catalunya se produjo o no una rebelión el pasado año. En mayo, Sánchez defendió las dos cosas: primero dijo que "clarísimamente ha habido un delito de rebelión" mientras que unos días después admitió que no podía entenderse así ya que tal y como está tipificada en el Código Penal está vinculada a golpes militares.
"Esta es la primera vez que la Abogacía del Estado califica –ha contestado Calvo–. Todo lo demás que ha ocurrido de aquí para atrás ha podido ser fruto del debate (...) pero no ha habido cambio porque es la primera vez que se ha calificado". La vicepresidenta ha llegado a negar que el presidente del Gobierno se haya pronunciado sobre los tipos delictivos que cometieron los líderes del procés. "El presidente del Gobierno no se ha pronunciado ni se va a pronunciar", ha llegado a afirmar.
Sin embargo, en el mes de mayo Sánchez aseguró que "clarísimamente" se produjo un delito de rebelión y después planteó una modificación del Código Penal para "adecuar" los tipos a lo que sucedió en Catalunya al entender que al no haber habido violencia la rebelión quedaba fuera. La justificación de Calvo es que Sánchez hizo esas declaraciones cuando no era presidente del Gobierno.
En un debate en el Congreso la semana pasada, Sánchez aprovechó para recordar al PP que en la época de Federico Trillo defendió que la rebelión debía estar vinculada a golpes militares. Algunas formaciones entendieron entonces que era un "gesto" del presidente hacia las fuerzas independentistas, a las que necesita para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2019.
La Abogacía del Estado ha dejado fuera la acusación de rebelión en su escrito de calificación para el juicio del procés. Se trata de la mayor pena por la que se les procesaba y que sí ha mantenido la Fiscalía.
La decisión la adoptó el Ejecutivo el lunes en una reunión del núcleo duro del presidente. No obstante, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado que haya habido una "imposición" a ese organismo que depende jerárquicamente del Gobierno. "Directamente no ha habido imposición de criterio. La abogada ha estudiado el tema, ha analizado los hechos las pruebas que se han practicado y ha elaborado el escrito de conclusiones", ha expresado Delgado.
Sobre que sea la Abogada General del Estado, Consuelo Castro Rey, la que firme el escrito y no los abogados que han estado en el proceso, ha asegurado que se trata por la "extraordinaria relevancia" del caso.
Delgado ha asegurado que esa rebaja en las penas –aunque el Gobierno insiste en que es la primera vez que la Abogacía se pronuncia– no responde a un "gesto" para las fuerzas independentistas. "Esto no es una cuestión de gestos es una cuestión técnico-jurídica. No se trata de gestos. Se ha realizado desde la profesionalidad de la Abogacía del Estado basándose en parámetros técnico-jurídicos", ha enfatizado.
El Gobierno ha vuelto a evitar pronunciarse sobre un hipotético indulto a Oriol Junqueras y el resto de líderes del procés frente al intento de Ciudadanos y PP, que plantean que se prohíba esa figura de perdón gubernamental para los delitos de rebelión y sedición.
Calvo les ha recordado que se trata de una figura prevista en la Constitución y les ha emplazado a no desviar el debate hacia esos derroteros: "Tenemos que resolver una crisis importante del Estado en relación con Catalunya y donde todo el mundo esperaría que partidos se comportaran con la lealtad correspondiente", ha avisado.
