El president del Govern, Quim Torra, y el del Parlament, Roger Torrent, han comparecido este viernes para responsabilizar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la petición de la Fiscalía de altas penas de prisión para los líderes independentistas encarcelados. "El Gobierno ha perdido hoy una oportunidad de oro. Sánchez ha decidido no actuar, que es lo mismo que ser cómplice", ha asegurado el president Torra.
Por su parte, desde Waterloo, el expresident Carles Puigdemont, ha señalado que "El Estado en su conjunto, desde el rey hasta la Fiscalía, continúan ejerciendo una venganza contra el 'Govern' y el Parlamento catalán y buena parte de la población"
Los líderes independentistas han valorado como "inaceptable" que la Fiscalía acuse en su escrito por los delitos de rebelión, sedición y malversación a personas "que siempre han demostrado su pacifismo". "Convocar un referéndum no es delito", ha asegurado Torrent, "no renunciaremos nunca a decidir nuestro futuro, ni claudicaremos ante la represión".
Los líderes independentistas tampoco han valorado positivamente que la Abogacía del Estado no haya acusado por rebelión, eligiendo sedición y malversación. Al contrario, Torra ha asegurado que esa decisión no es un "gesto", tal y como reclamaban, sino un "desprecio".
Ambos presidentes han coincidido además en que la Fiscalía "no actúa por justicia sino por venganza", con un relato de los hechos que consideran "inventado". "La inmensa mayoría de la sociedad catalana sabemos que la única violencia fue la de la policía pegando a gente que solo quería votar", ha asegurado Torra.
El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, también ha considerado que los escritos de la Fiscalía y de la Abogacía no suponen ninguna mejora, ni escenifican ningún cambio de posición del Gobierno. "Sánchez no ha hecho ningún gesto, por tanto que no espere que desde ERC lo hagamos", ha indicado a preguntas de los periodistas. Los republicanos se reafirmaban así en su 'no' a los presupuestos de Sánchez y Podemos, para los que son necesarios los votos de todos los independentistas.
Por su parte, la CUP ha reaccionado al escrito de la Fiscalía asegurando que se trata de un "juicio político contra el derecho de autodeterminación". Por ello el diputado anticapitalista Vidal Aragonès ha llamado a convertir el juicio en un "búmeran contra el Estado".
Aragonès ha considerado que el juicio debe servir en realidad para juzgar al Estado por "impedir ejercer derechos democráticos" y, a la vez, una "respuesta conjunta" de todas las organizaciones catalanas y no catalanas que creen en la democracia y en el derecho de autodeterminación.
"De las penas de prisión que se están pidiendo podemos avanzar que las sentencias comportarán penas de prisión e inhabilitaciones", se ha lamentado el diputado, asegurando que lo que se persigue con ello es "una condena ejemplar para dejar claro que la unidad de España es sagrada y que quien la cuestione va a presión".
