«El Gobierno va enfrentando cada día las situaciones que va encontrando». Esta frase de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, resume la improvisación que rodea la exhumación e inhumación de los restos de Francisco Franco. Si hace unas semanas desde el Ejecutivo se lamentaban de que no “había margen” para impedir la decisión “privada” de la familia de hacer reposar la “momia” del dictador en la parroquia de La Almudena, hace dos días se halló un resquicio en la Ley de Memoria Histórica para evitarlo.
En concreto el Gobierno apelaba al artículo 15 de la citada norma, que persigue el enaltecimiento, pero que a su vez incluye la excepción de los lugares de “estricto recuerdo privado”. Esto ha hecho que el Ejecutivo en previsión de que la actual redacción de la ley no sea suficiente, prevea ahora introducir una enmienda en la tramitación de la norma como proyecto de ley en el Congreso para blindar La Almudena y que los restos del dictador no acaben reposando allí. El nuevo problema al que se enfrentaría el Gobierno es el bloqueo que PP y Ciudadanos llevan a cabo en la Cámara y que podría impedir que la norma esté aprobada antes de que se lleve a cabo la exhumación.
Calvo ha defendido que su Gabinete “seguirá trabajando para que los restos de Franco estén en un lugar decoroso, privado y que impida el enaltecimiento, bajo la responsabilidad de la familia y no del Estado”. La vicepresidenta ha criticado que la saga del dictador haya utilizado la ley, a su alcance, para “obstruir” el objetivo del Gobierno y ha puntualizado que “no podrán imponer su voluntad. También ha pedido “colaboración” a la Iglesia, a quien corresponde la titularidad de la cripta de la Almudena.
