La decisión tomada por la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, de dejar fuera de su escrito de calificación la rebelión, supone un guiño a los partidos independentistas, a quienes necesita el Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Esta decisión se enfrenta con la posición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que prevé atribuir el delito de rebelión, uno de los más graves del Código Penal, a nueve antiguos líderes del «procés».
