Menores y personas mayores, los dos extremos más vulnerables de la pirámide de población, protagonizan dos de las principales preocupaciones de la Fiscalía Superior de Galicia. El fiscal general, Fernando Suanzes, entregó esta mañana al presidente del Parlamento autonómico, Miguel Santalices, la memoria de actividad 2017 de la institución que dirige expresando la alerta de los fiscales ante dos realidades en alza: la violencia machista ejercida entre los más jóvenes y los procesos de incapacitación e internamiento de mayores, cuestión esta última que llevará a la Fiscalía a extremar la vigilancia sobre el respeto y protección de los derechos fundamentales de las personas en sus últimos años de vida.
En el primer caso, la estadística se mueve todavía en cifras pequeñas, pero su magnitud, opinó el fiscal superior de Galicia, no puede restar gravedad a una realidad que consideró necesario «atajar». En 2017, los casos judicializados en la Comunidad referidos a violencia machista entre menores ascendieron a veinte, un 25% más que los 16 registrados un año antes y cuatro veces más que los cuatro vistos en 2014, confirmando una tendencia alcista continuada, dibujada también por los once procedimientos observados en 2015. Cifras, consideró el fiscal superior de Galicia, que aunque deben ser calibradas en su justa medida (los 20 procesos de violencia de género son menos del 1% de los 2.546 delitos cometidos por menores incoados en la Comunidad en el mismo ejercicio) alertan de la «reproducción» entre los más jóvenes de actitudes sexistas y problemas de desigualdad persistentes en el mundo adulto. No en vano, en el ejercicio analizado continuaron al alza «todos» los indicadores de violencia de género, fruto —opinó Suanzes— del incremento de la conciencia de denuncia, pero también del aumento del número de episodios. Así, las denuncias crecieron cerca del 14% hasta alcanzar 6.463, y el número de procedimientos incoados por esta causa se elevaron hasta 7.554, un 11% más que en el ejercicio previo. Del mismo modo, según se recoge en la memoria anual, aumentaron un 23% las sentencias dictadas en esta área —siendo el 71,3% condenatorias— y las órdenes de protección solicitadas por víctimas, que ascendieron a 1.928, un 13,8% más que en 2016.
Los retos del envejecimiento
En cuanto a la protección de derechos en los últimos años de la vida, el fiscal superior de Galicia puso sobre la mesa el significativo incremento registrado en la Comunidad en los procedimientos de incapacitación y de internamiento de personas mayores. Así, las cifras detalladas por la Fiscalía hablan de 3.455 expedientes de incapacitación iniciados en el último año, un 32% más que en el ejercicio 2013, y de 4.637 procedimientos de internamientos, que se traducen en un aumento del 24% en el mismo periodo. Para el fiscal superior estos dos indicadores son sólo dos magnitudes que hablan de los retos que el envejecimiento poblacional plantea en la esfera de la protección de derechos fundamentales de las personas en situación de dependencia o edad avanzada. Cuestiones, considera la Fiscalía, que deben promover una reflexión y motivar un refuerzo de la vigilancia en torno a posibles casos de abusos, malos tratos o abandonos cometidos sobre este colectivo en situación vulnerable. Fernando Suanzes subrayó la necesidad de estar «especialmente vigilantes» y anunció la próxima puesta en marcha de una fórmula de colaboración entre la Fiscalía y Cruz Roja «con el objetivo de detectar situaciones de vulnerabilidad que puedan afectar a los derechos fundamentales de este colectivo y establecer medidas jurídicas de protección». El programa, indicó, se asienta sobre un convenio suscrito a nivel estatal entre la Fiscalía General y la organización humanitaria.
En cuanto a la evolución de la criminalidad en la Comunidad, la memoria entregada por la Fiscalía Superior de Galicia al presidente del Legislativo autonómico muestra un descenso interanual del 12% de los procedimientos penales iniciados por delito, manteniéndose los de lesiones y los cometidos contra el patrimonio como los más frecuentes: pese al descenso registrado en ambos tipos (del 28 y el 24%, respectivamente) estos dos ilícitos suman más del 61% de los más de once mil procedimientos totales.
Condenas a incendiarios
La estadística presentada ayer refleja un aumento del 12% en los delitos contra la libertad sexual. También crecieron respecto a 2016 los malos tratos habituales en el ámbito familiar (un 10,7% más), y los asociados al medio ambiente, con un 23,45% de incremento, concentrado especialmente en los procedimientos referidos a incendios forestales. En esta última materia, la memoria recoge un alto porcentaje de sentencias condenatorias en aquellos fuegos intencionados que los investigadores consiguieron llevar a juicio: el 42,86% de las sentencias dictadas en el área de medio ambiente y urbanismo se correspondieron con casos de incendios forestales y tres de cada cuatro fueron condenatorias. Los procedimientos ingresados por delitos informáticos crecieron un 7,7%.
Más cerca de una fiscalía propia para casos de corrupción
«Tengo confianza en que podamos conseguir en breve un fiscal o una fiscal anticorrupción en Galicia (...). Todos los contactos que tenemos son favorables, pero es un proceso complejo en el que hay que estudiar diversos parámetros, variables, inversión económica, etcétera», señaló el fiscal superior de Galicia respecto a la demanda de una fiscalía especializada que, como ya ocurre en violencia machista o medioambiente, permita un mejor abordaje de una materia compleja.
Aunque en 2017 los procedimientos ingresados por corrupción descendieron un 18%, el número de asuntos acumulados desde 2001 asciende a más de 1.300. En 2017 fueron un total de 156 los procedimientos incoados: el 57% por prevaricación administrativa, el 15% por blanqueo, el 10% por soborno, el 8% por malversación y el 6% por tráfico de influencias.
