Este martes 30 de octubre, el Palau de la Generalitat acogerá el acto de presentación del Consejo de la República, un órgano que ha estado diseñando en los últimos meses Puigdemont con el exconseller Antoni Comín, que también huyó a Bélgica tras la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlament.
Al inicio de la legislatura, JxCat y ERC acordaron constituir este ente, no vinculado orgánicamente a la Generalitat y que tiene como misión "fomentar todas aquellas acciones que permitan o sirvan para avanzar hacia la república", además de mantener contactos con "entidades y autoridades de ámbito internacional".
Lo que tenía que ser una de las patas fundamentales -junto al restablecimiento de las instituciones de autogobierno y la movilización ciudadana- para avanzar hacia el objetivo de hacer efectiva la "república catalana" se ha ido retrasando, debido en buena medida a los altibajos judiciales que ha vivido Puigdemont.
El viernes 27 de octubre de 2017, después de que el Parlament aprobara una resolución, más simbólica que efectiva, que declaraba que "Cataluña se convierte en un Estado independiente en forma de república", el entonces president y sus consellers se evaporaron, para no exponerse a una posible detención en España.
Mientras tanto, después de que el Senado validara ese mismo día la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció la destitución de Puigdemont y su Govern y la convocatoria de elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre.
El sábado 28 de octubre, en un clima de secretismo sobre el paradero del Govern, Puigdemont grabó un mensaje en TV3, en el que llamó a los catalanes a mostrar su "oposición democrática" al 155, y se dejó ver por el centro de Girona junto a su mujer, Marcela Topor.
Había expectación por si al día siguiente, para seguir dando una imagen de normalidad, Puigdemont aparecería en el palco del estadio de Montilivi para presenciar el partido entre el Girona y el Real Madrid, pero finalmente permaneció en casa y se limitó a publicar un tuit felicitando al equipo catalán por su histórico triunfo (2-1).
Ese día, el secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA, le abrió las puertas de su país: "Los catalanes que se sienten políticamente amenazados pueden solicitar asilo en Bélgica. Puigdemont también pertenece a ellos. Eso es totalmente legal", dijo. La declaración alimentó las especulaciones al respecto, pero el primer ministro belga, Charles Michel, pidió a Francken que no echase "leña al fuego", porque el asilo para Puigdemont, remarcó, "no está en absoluto en el orden del día" de su gobierno.
Sin embargo, el lunes por la mañana, mientras la plaza Sant Jaume de Barcelona se llenaba de cámaras de televisión para grabar la imagen de Puigdemont desafiando el 155 y entrando en el Palau de la Generalitat para acceder al despacho presidencial pese a haber sido destituido por Rajoy, trascendió que el hasta entonces president se encontraba ya en Bruselas, para sorpresa de la práctica totalidad de sus compañeros de partido, incluido su antecesor, Artur Mas.
A diferencia del exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, que permaneció en Cataluña y días después ingresó en la cárcel junto a otros exconsellers, Puigdemont y otros cuatro miembros de su ejecutivo evitaron ponerse en manos de la justicia española para seguir reivindicando su causa desde el "exilio".
Después de que la Fiscalía General del Estado presentara una querella contra él y todo su gabinete por rebelión, sedición y malversación, la justicia española emitió una euroorden de detención contra Puigdemont y los exconsellers en Bélgica, que se presentaron ante las instancias judiciales belgas y quedaron en libertad. El 5 diciembre, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena retiró la orden de detención europea y la justicia belga cerró el proceso.
Puigdemont se presentó a las elecciones del 21D encabezando la lista de JxCat, que al lograr 34 diputados -dos menos que Cs- se erigió en primera fuerza independentista en el Parlament.
Los intentos de investir a Puigdemont a distancia no fructificaron: el pleno de investidura del 30 de enero fue finalmente desconvocado por el presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, para no chocar con las advertencias judiciales, lo que enervó a JxCat y quebró la unidad independentista.
El 23 marzo, el juez Llarena procesó por rebelión a 13 personas por su participación en el proceso soberanista y reactivó la euroorden de detención, que sorprendió a Puigdemont en Finlandia.
Dos días después, Puigdemont fue detenido por la Policía alemana cuando cruzaba en coche la frontera desde Dinamarca e ingresó en la cárcel de Neumünster, donde permaneció hasta que en julio la Audiencia de Schleswig-Holstein decidió extraditarlo a España sólo por un delito de malversación de fondos, pero no por rebelión.
Llarena rechazó su entrega y Puigdemont quedó otra vez libre, de manera que regresó a su residencia belga en Waterloo.
Su tarea de internacionalización de la causa soberanista ya le ha llevado, desde su regreso a Waterloo, a viajar a Escocia, Suiza, Holanda y las Islas Feroe, unas actividades que, junto a Antoni Comín, intensificará ahora con el Consejo por la República.
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