El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este martes que el Gobierno regional propondrá a los partidos políticos de la región la puesta en marcha cuatro pactos en materia de
agua, empleo, medio ambiente y fiscalidad.
Así lo ha adelantado el jefe del Ejecutivo autonómico durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región que se celebra durante hoy y mañana en las Cortes regionales.
García-Page ha defendido un pacto en materia de agua que permita dejar de utilizar este recurso como mercancía electoral.
En este sentido, ha planteado una iniciativa legal que, «frente a la demagogia hídrica», «empiece a poner fin de forma progresiva» al trasvase Tajo-Segura y a la que se pueda sumar el PP.
El presidente castellanomanchego ha abogado por la desalación y ha celebrado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se comprometiera en la reunión que ambos han mantenido recientemente en el Palacio de La Moncloa a plantear que se duplique la capacidad de desalación en 2021.
«Hay alternativas. Aunque sé que será difícil llegar a acuerdos, aventuro posibilidades diferentes para los próximos años», ha aseverado García-Page, quien también ha propuesto la rectificación de los planes hidrológicos de cuenca.
En segundo lugar, ha planteado un acuerdo por el empleo para favorecer a los colectivos más vulnerables y ha anunciado el denominado «cheque para la primera oportunidad», una iniciativa dirigida a los más jóvenes, para garantizar a todos aquellos que terminan sus ciclos formativos «la contratación durante al menos un año y a mil euros como mínimo».
García-Page también ha propuesto un acuerdo para trabajar «por una Castilla-La Mancha limpia y verde» y ha anunciado el denominado «Plan Solar», por el que se ubicarán placas solares en 861 edificios, gracias a una inversión de 50 millones de euros, que permitirán un ahorro de 150 millones en tres años.
Además, ha planteado un acuerdo sobre financiación, competencias autonómicas y fiscalidad estatal y autonómica, que persigue «plantear consensuadamente una tabla de competencias a desarrollar entre las autonomías y el Estado», entre las que se incluyen las educativas.
El presidente autonómico se ha mostrado en contra de la posición del PP de devolver las competencias educativas al Estado y ha dicho que «sería muy grave lanzar el mensaje de que porque algunos independentistas manipulen los libros de texto, el resto de comunidades autónomas que gestionamos mucho mejor la educación que antes, tengamos que pagarlo».
Por ello, ha destacado la necesidad de negociar una iniciativa que tenga «alcance nacional» y ha apostado por encargar al Ministerio de Educación y al Consejo Escolar del Estado «un proceso de revisión y armonización de los libros de texto en España para que ningún independentista se invente la historia».
Asimismo, en el ámbito fiscal, ha tachado de «detestable» la práctica del 'dumping' por parte de comunidades autónomas como Madrid y ha propuesto que los impuestos, aunque se gestionen autonómicamente, «tengan un listón idéntico en toda España», como por ejemplo el impuesto de sucesiones y donaciones.
