«Todo el proceso de compra de Bicimad está avalado legalmente»; «el Ayuntamiento resolvió un problema de enormes dimensiones», «heredado» del Partido Popular, y la cesión era «la única vía posible para mantener el servicio». Inés Sabanés ha comparecido este martes en la séptima comisión de investigación de Bicimad con un guión muy estudiado, del que apenas se ha salido para contestar a las preguntas más incisivas del PP y Ciudadanos. El titular que ha repetido en más de una veintena de ocasiones ha sido el de que Asesoría Jurídica avaló la legalidad del proceso de cesión, con un informe, desconocido por toda la oposición, que ha sido puesto a disposición de la jueza que instruye la causa.
Nada se sabe sobre dicho documento ni la delegada de Medio Ambiente y Movilidad ha querido aportar ningún dato al respecto en la sesión donde ha sido llamada para arrojar luz sobre el procedimiento. Tampoco al término de su intervención, donde ABC ha solicitado datos sobre ese escrito. La portavoz municipal, Rita Maestre, ha instado a que «lo filtre» el PP.
El hecho es que el máximo responsable de los servicios jurídicos de la Corporación madrileña, Ángel Luis Ortiz González, acudió a la comisión el pasado mes de junio y afirmó que se enteró de la cesión de Bicimad «por los periódicos» y que, en ningún caso, «ni se solicitó ni se emitió» un informe a su departamento para valorar la operación, ya que es el encargado «por ley» de asesorar al Ayuntamiento.
El director de Asesoría Jurídica dijo entonces que tenía que haber tenido conocimiento del informe externo que se encargó a la Universidad Autónoma, seis meses después de que la EMT autorizara la cesión, para analizar las posibilidades y límites legales de este procedimiento. Ortiz indicó que su departamento podía haberlo realizado sin necesidad de haber recurrido a un ente privado.
Según ha confirmado el Área de Sabanés, el Juzgado de Instrucción número 52 pidió en febrero al Ayuntamiento que Asesoría Jurídica avalase la legalidad, informe que tuvo que realizar después de haberse saltado este paso y sólo por requerimiento judicial.
Una comparecencia sin información
Sergio Brabezo, deCs, Mercedes González, del PSOE, y Álvaro González, del PP, por ese orden, le han preguntado a Sabanés por qué no se informó en el Consejo de Administración de la EMT de septiembre de 2016 sobre la decisión de la compra, ya que el contrato se pactó el 17 de mayo anterior. También le ha pedido explicación el edil del PP acerca de si creía que había sido un buen negocio para Bonopark, quien ha percibido más de 3 millones de euros de beneficio con la transacción, además de los extras recibidos en convalidaciones para mantener el servicio después de la adquisición de Bicimad.
Sabanés ha respondido en todo momento dando vueltas a su mismo discurso, el que ha aprovechado para entonar más pausadamente en el turno de preguntas amigas que le ha realizado la edil de Ahora Madrid Esther Gómez: «Era una decisión avalada por la legalidad, amparada por la legalidad. Una solución que era la única que permitía estabilizar, mantener y tener expectativas de ampliación del servicio. Me ratifico en que la cesión fue la mejor opción».
La sesión de hoy inauguraba el bloque temático «Procedimiento, negociación e inventario». Previsiblemente sólo queda una más por celebrarse. A la cita de este martes, además de Sabanés, han acudido el director gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, la interventora general, María José Monzón, y Paz Valiente, coordinadora general de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad.
