España seguirá vendiendo material de defensa a Arabia Saudí. Nuestro país no seguirá el camino iniciado por Alemania, al menos de momento, ya que la Comisión de Defensa del Congreso ha rechazado este martes las iniciativas impulsadas por Podemos y los grupos independentistas catalanes para suspender las transacciones de armamento con aquel país.
Un texto que, de salir adelante, habría dejado en el aire el contrato de los astilleros de Ferrol y Cádiz con Arabia para la construcción de cinco corbetas, por 1.800 millones y con 6.000 puestos de trabajo. Los socialistas han tenido que unir fuerzas con el PP para rechazar la ofensiva mientras Ciudadanos se ha abstenido.
Tanto la votación como el debate ha abierto cierta distancia entre el PSOE y sus socios. Y es que las críticas de Podemos y los grupos catalanes al Gobierno en esta cuestión no gustan a los socialistas y se lo han hecho saber esta mañana. La portavoz socialista, Miriam Alconchel, ha evitado referirse directamente a Arabia Saudí pero ha advertido a sus socios que solo «un amplio consenso» en la venta de material de defensa permitirá compaginar «el crecimiento de las relaciones comerciales» de España con «el respeto al tratado de comercio de armas». El diputado socialista, Antonio Gutiérrez Limones, ha defendido la necesidad de adoptar una postura común en el seno europeo y sin unilateralismos, en alusión a Alemania, y la importancia de que nuestro país cumpla con los compromisos adquiridos. La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, también se ha mostrado partidaria de ello.
La formación morada y los nacionalistas han echado al resto para forzar al PSOE a modificar su posición, en vísperas de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explique mañana en el Pleno la posición de España en esta cuestión y con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi de fondo. La portavoz de la formación morada, Carmen Valido, ha llegado a acusar al Gobierno socialista de «mirar para otro lado mientras Arabia Saudí sigue cometiendo atrocidades dentro y fuera de sus fronteras», y de plantear un «falso dilema» entre la protección de los derechos humanos o la garantía de los puestos de trabajo. En esta línea, ha reclamado al Ejecutivo que busque un nuevo comprador para las cinco corbetas que los astilleros españoles construyen para Arabia Saudí.
La venta de material de defensa ha sido motivo de debate dentro y fuera de la comisión. El portavoz de ERC, Joan Tardà, no se ha quedado atrás de Podemos y ha acusado al Gobierno de prevaricar al vender armas a un país a sabiendas de que vulnera los derechos humanos. Menos virulento, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha reclamado una actuación coordinada de toda la Unión Europea y con él ha coincidido el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. «España no puede descolgarse ni de la crítica ni de la respuesta consensuada», ha subrayado el número dos de la formación naranja. Mientras tanto, el portavoz del PDECat, Carles Campuzano, insistía en reclamar una respuesta contundente a Arabia Saudí.
Frente a ellos, los portavoces socialistas se han mostrado más cerca de la argumentación del PP, partido con el que coincide no solo en la importancia de mantener los compromisos adquiridos sino en la necesidad de esperar a conocer los hechos relacionados con el asesinato de Khashoggi antes de adoptar ninguna decisión. Tanto PSOE como PP han alabado la ley española de exportación de armas como una de las «más estrictas» y han hecho hincapié en que España no vende armas a países que vulneran los derechos humanos.
No obstante, los socialistas, al igual que el PP, se han mostrado favorables a introducir reformas en la ley actual para mejorarla endureciendo, por ejemplo, mayores controles de venta para evitar usos indebidos del material de defensa. Postigo también ha reclamado que el Gobierno suministre mayor información a la Comisión de Defensa y se incrementen los medios para el seguimiento del uso del material en los países compradores. En línea similar, el portavoz de Ciudadanos en la comisión de Defensa, Guillermo Díaz, ha reclamado que la ley de exportación de armas se aplique de manera estricta y se refuercen las garantías para su cumplimiento.
