La petición del PP para crear una comisión de investigación en el Senado sobre la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuenta desde hoy con el visto bueno de la Mesa de la Cámara, que ha calificado la solicitud tras conocer un informe jurídico favorable.
El grupo socialista había pedido hace una semana que los servicios jurídicos del Senado aportaran por escrito el informe que ya habían explicado verbalmente a la Mesa y en el cual no se ponía objeción alguna a la creación de esta comisión.
Según ha explicado en rueda de prensa el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, el dictamen es "contundente" al avalar la calificación de la solicitud del PP, e incluso apunta que de ser rechazada podría vulnerar los derechos de los senadores de este grupo que la han presentado.
En concreto, el informe concluye que la petición se adecua a los "requisitos materiales fijados por la Constitución y el Reglamento del Senado", en este caso al pedir una comisión que se refiere a un asunto "de interés público" y advierte: "Cabe indicar que su inadmisión podría incurrir en la vulneración de un derecho fundamental de los senadores autores de la misma".
Aún así, el requerimiento ha superado el filtro de la Mesa con cuatro votos a favor de los miembros que pertenecen al PP y tres en contra, del PSOE y PNV.
Ahora queda en manos del grupo proponente decidir cuándo se llevará a pleno la creación de la comisión, muy posiblemente en la primera sesión plenaria de noviembre, que arranca el día 6.
El PP tiene garantizado que saldrá adelante gracias a su mayoría absoluta en el hemiciclo, lo que permitirá a partir de esa primera semana de noviembre activar los mecanismos para poner en marcha un órgano con el que el grupo popular quiere aclarar las "dudas" que le suscita la tesis doctoral de Pedro Sánchez.
No hay un plazo tasado para su constitución; tras su aprobación los grupos tienen que comunicar qué senadores formarán parte del nuevo órgano, que una vez constituido tendrá que aprobar un plan de trabajo y después comenzar a llamar a comparecientes, con una antelación mínima de tres semanas.
Y si el grupo popular había dejado claro que Pedro Sánchez sería el primero en ser llamado a la comisión, donde todo compareciente está obligado a declarar, ahora baraja otra escenario y podría dejarlo para el final, porque lo habitual es que los trabajos de este tipo de comisiones culminen con el principal compareciente y no arranquen con él.
En cuanto a los plazos, Pedro Sanz ha explicado que no habría mayor problema para que en el mismo mes de noviembre pudiera estar constituida la comisión, pero todo el trámite posterior a la aprobación en pleno queda supeditado a la voluntad del grupo mayoritario.
Lo que sí ha quedado patente, a tenor del informe de los servicios jurídicos del Senado, es que la pretensión del PP cumple con los requisitos propios de una comisión de investigación que la Constitución y el Reglamento reservan a asuntos "de interés público".
En el caso de la tesis de Sánchez "lo es por el estatus de la persona concernida, que llevó a cabo manifestaciones públicas al respecto, y también por el conocimiento público de la controversia generada por el objeto de la misma", concluye el informe.
