El Pleno del Congreso aprobará esta tarde la toma en consideración de una reforma del Código Penal que liberará de castigo penal los delitos de ultraje a España y sus símbolos; el enaltecimiento del terrorismo; las injurias a la Corona, al Gobierno, los tribunales o a las Fuerzas de Seguridad; y las ofensas contra los sentimientos religiosas.
La iniciativa llega al hemiciclo de la mano de Unidos Podemos en forma de proposición de ley y contará con el apoyo de los socialistas, a cuyo «sí» ya se comprometió el Gobierno de Pedro Sánchez durante la negociación de los nuevos Presupuestos con el líder morado, Pablo Iglesias. El PSOE, no obstante, anuncia que presentará «muchas enmiendas», informa Víctor Ruiz de Almirón. El resto de socios del Ejecutivo también brindará respaldo: PNV, ERC, PDECat y Bildu.
El principal argumento de Unidos Podemos para impulsar la reforma es que el castigo penal de los citados delitos «choca frontalmente» con el derecho de libertad de expresión, al que «amordaza» y «reprime». Y ello, asegura, por dos motivos. De un lado la introducción de tipos «totalmente obsoletos, no ajustados a la Constitución e impropios de una democracia desarrollada» y, de otros, la aplicación de un tipo «nada definido» como el del enaltecimiento del terrorismo junto a «conceptos abiertos e indeterminados en torno a los llamados delitos de odio».
«La ambigüedad de su definición ha permitido su aplicación de forma errática y con variables tendencias doctrinales, sin que los propios órganos de Justicia se hayan puesto de acuerdo para unificar criterios», sostiene la exposición de motivos de la proposición de ley. «Tiene un difícil encaje en un sistema democrático», concluye el texto, criticando la criminalización de «conductas como enviar mensajes a través de las redes sociales, cantar rap, utilizar la imagen de un Cristo y publicarla en redes sociales, manifestarse mediante una performance a modo de procesión reclamando la igualdad de la mujer en la sociedad —la procesión del coño insumiso—, criticar al Rey o silenciar el himno nacional mediante silbidos en un estadio de fútbol en presencia de los Reyes de España».
En el caso del delito de injurias contra la Corona, Unidos Podemos defiende que «en un sistema democrático cuanto más poder tiene una institución mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía». Recuerda que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas defiende que «todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política» y que «las leyes no deben establecer penas más severas según cual sea la persona criticada».
La iniciativa subraya también la posición del Tribunal de Derechos Humanos en el mismo sentido y asegura que la despenalización de las injurias a la Corona no solo asentará el derecho a la libertad de expresión en España sino también «la seguridad jurídica y la respetabilidad de nuestro país en lo concerniente a los estándares europeos sobre libertad de expresión».
Respecto al castigo penal del delito de ultraje a España o sus símbolos, el texto de Unidos Podemos asegura que ataca la libertad de expresión al reprimir «la crítica contra los símbolos de nuestro país, materializados en la bandera y el himno nacional». «Ponerse de acuerdo cientos de personas en un estadio, previo reparto de silbatos a la entrada de un partido de la Copa del Rey de fútbol y en el marco de una protesta ciudadana, no es delito. Silenciar el himno nacional no entraña ataque contra la patria, sino una legítima expresión de la libertad de expresión», recalca.
La proposición de ley continúa defendiendo la despenalización del delito de enaltecimiento del terrorismo argumentando que surgió «en un momento de extrema violencia perpetrada por la organización terrorista ETA» pero que no ha sido hasta 2011 «cuando ETA declaró el cese de su criminal actividad, cuando comenzaron a perseguirse estos delitos». Defiende, en esta línea, que el ordenamiento jurídico español dispone de otras figuras «como la apología del delito, que castiga la provocación directa para la comisión de delitos terroristas» o el castigo ante la amenaza pública de acciones violentas que permiten «encauzar los excepcionales casos» de apología de terrorismo yihadista.
La proposición de ley iniciará así su trámite parlamentario que, como mínimo, requerirá entre seis y nueve meses, suponiendo que no se atasque en el trámite de enmiendas. Si la legislatura llegara a su fin de manera anticipada y la reforma no hubiera completado su tramitación, decaería y quedaría sin efectos. En la siguiente legislatura debería comenzar su recorrido desde el principio.
