Menos de una semana después del anuncio del cierre de las plantas coruñesa y asturiana de Alcoa, representantes de Galicia, Asturias, Gobierno central, trabajadores y la empresa se darán cita mañana en Madrid para intentar buscar una solución al conflicto. Fuentes de la Xunta, explican a ABC que el Ejecutivo autonómico acude a la reunión convencida de que es necesario modernizar los centros de producción para que tengan futuro. El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, explorará también las medidas que puede poner encima de la mesa el Gobierno central para que la multinacional estadounidense acometa la renovación de las factorías que dan empleo a casi 700 personas.
En Galicia y en Asturias se respira cierto pesimismo dado que Alcoa nunca había lanzado un órdago con tanta virulencia. En 2014, la multinacional ya había anunciado que cerraría las plantas, pero en aquel momento vinculó fundamentalmente a los elevados precios de la energía. Ahora, Alcoa afirma que los centros de producción están tecnológicamente obsoletos para justificar también su decisión. «En la interlocución con el Gobierno veremos la credibilidad de la empresa», apuntan desde la Xunta, que también sondeará la voluntad del Gobierno central para evitar la pérdida de puestos de trabajo.
El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, vinculó la situación que atraviesan las factorías de La Coruña y Avilés con «un problema empresarial provocado por una dejación en inversiones». En una entrevista en la cadena Cope, Losada demandó una «unidad» que consiga que estén «todas las administraciones remando en la misma dirección» para solucionar el conflicto laboral. «Seguiremos trabajando desde la unidad de acción para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo», insistió en La Coruña, el conselleiro Francisco Conde. Según informa Ep, el titular de Industria reclamó a Alcoa que rectifique su decisión y al Gobierno central que actúe acordando un marco energético estable.
La situación de Alcoa centrará también hoy buena parte del pleno en la Cámara gallega. El portavoz popular, Pedro Puy, consideró «importante que todos los partidos demos imagen de unidad». En Marea recriminó que la Xunta hubiese rechazado iniciativas en el pasado para controlar la escalada de los precios de la energía, y pidió que se fiscalicen las ayudas a las empresas. El socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, coincidió en que si las empresas reciben dinero público deben de comprometerse a quedarse en el territorio. Para el portavoz parlamentario del PSdeG hay que actuar también en el marco energético, algo que aseguró, ya está haciendo el Gobierno central. La nacionalista Ana Pontón, insistió en que si existiese una tarifa eléctrica gallega se abarataría un 20% la factura a estas empresas.
