Vecinos de Añaza afectados por la posible venta de 358 viviendas protegidas del barrio de Santa Cruz de Tenerife han instado a su promotor, el Gobierno de Canarias, a que controle la propiedad.
Los vecinos han presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía para que requiera toda la documentación, dado que se han recibido notificaciones para negar la renovación de los alquileres. La consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias es Cristina Valido.
La líder del movimiento, Inmaculada Évora, ha expresado sus sospechas sobre si las viviendas han sido vendidas por el Banco Santander a fondo Cerberus y «sin autorización» del Gobierno de Canarias, algo preceptivo al ser viviendas en régimen de protección.
Évora ha dicho que también han detectado subidas de precios a los inquilinos sin conocimiento, presuntamente, del Ejecutivo canario. Ha alertado que esta denuncia es la primera medida de una campaña activa de información en la calle con la que quieren obligar al banco a «sentarse» y dar toda la información sobre la situación actual de las viviendas.
«La gente está con miedo y los vecinos especulando y creemos que la vía de la justicia es la mejor. El Gobierno no debería tardar nada en acercarse a la justicia», ha agregado.
Évora ha insistido en que «falta mucha regulación» en el sector de la vivienda protegida, que no debe ser un «bien de especulación», lamentado que las familias tengan que abandonar sus casas y «se queden vacías para ser revendidas o dedicadas al alquiler vacacional».
