UGT se alía con las empresas que operan con licencias de vehículos de turismo con conductor (VTC) para intentar frenar en el Congreso de los Diputados la norma que dejará las competencias del sector en manos de las comunidades.
Miguel Ángel Cilleros Sánchez, secretario de la federación de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato firma una carta remitida a los grupos parlamentarios a la que ha tenido acceso ABC en la que pide que rechacen esta medida, articulada a través de un real decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 28 de septiembre. UGT considera que la norma no resuelve el conflicto actual entre plataformas de VTC y taxistas. Además, asegura que con esta norma 15.000 trabajadores «irán a engrosar las listas del desempleo».
La principal crítica del sindicato es que, en la elaboración de este real decreto-ley, el Gobierno «no ha contado con la totalidad de los agentes del sector para que hicieran sus aportaciones». De hecho, para la organización, el Ejecutivo «ha trasladado a otras instituciones de la Administración un problema que no ha sabido resolver». Con todo, UGT, que con su apoyo a las VTC difiere de otras organizaciones de trabajadores como CC.OO., asegura de igual forma que «seguirá defendiendo los intereses de los asalariados y autónomos del sector del taxi» y que son los trabajadores del sector los que «verdaderamente» le causan preocupación. «Es una oportunidad única para hacer entender a estas plataformas que por el camino de la regulación se puede mejorar la calidad del empleo en el sector», señala en la misiva.
Por todo ello, la organización sindical propone «un marco regulatorio y normativo que concilie el interés del taxi con el sector de las VTC sin pérdida de empleo en ninguno de estos servicios de transporte». El sindicato asegura que «no puede ni debe oponerse al progreso tecnológico».
El apoyo sindical a las VTC quedó sellado hace escasas semanas, cuando varios representantes de la organización firmaron en un acto público un acuerdo de colaboración con distintas empresas que operan con este tipo de autorizaciones. Durante el encuentro, ambas partes reconocieron que este era el primer paso para negociar un convenio colectivo dentro del sector.
El sector del taxi no entendió este apoyo. Sobre todo porque hace escasos meses, UGT se había posicionado a favor del gremio en el particular conflicto que mantiene desde hace años con plataformas como Uber y Cabify. De hecho, cuando se produjo la multitudinaria huelga de taxistas del mes de julio, el sindicato emitió un comunicado en el que reclamaba que se cumpliera la proporción de 1 VTC por cada 30 taxis. Además, pedía «acabar con la competencia desleal de las VTC, que está poniendo en riesgo la viabilidad del sector y en peligro los 130.000 puestos de trabajo».
