La jueza María Núñez, instructora del «caso ERE», ha abierto, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, una decena de nuevas piezas en el seno de esa «macrocausa» por ayudas concedidas por la Junta a empresas investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante 2014, 2015 y 2016.
En una providencia del 24 de septiembre, recogida por las agencias, Núñez se refiere a las subvenciones otorgadas a IverJaén Sociedad Capital Riesgo –cuyo atestado policial data de mayo de 2014–, y las mercantiles cordobesas Mardy, Open Minds y Martínez Barragán y elaborados cárnicos –con informes de la UCO fechados en 2015–. Alude también a los fondos recibidos por la sociedad gaditana Tubos residuos y aplicaciones tubulares de Andalucía –con atestado de 2015 de nuevo– y las empresas granadinas Minera del Marquesado y Cervezas Alhambra –cuyos informes policiales se encuentran en el juzgado instructor desde noviembre de 2014 y enero de 2015, respectivamente)–.
Por último, la magistrada ha iniciado diligencias por las ayudas dadas a Gres Vilches, Industrias del Guadalquivir y Pickman la Cartuja, que cuentan con informes de la Intervención General del Estado (IGAE) fechados en 2013, 2015 y noviembre de 2016 respectivamente.
En la misma providencia, Núñez apremia a la Guardia Civil para que «a la mayor brevedad posible» elabore los atestados de las subvenciones asignadas por el Gobierno andaluz a Fábrica de Muebles, Grupo Smurfit, Nature Park Minas de Riotinto, en relación a la cual la Junta ha buscado el respaldo del Consejo Consultivo de Andalucía para reclamarle la devolución de dinero como ya informó este diario; y Papacor.
La resolución de la jueza llega después de que el pasado 20 de septiembre el Ministerio Público elevara un escrito al juzgado sevillano número 6 solicitando la apertura de estas piezas separadas de las que constaba ya atestado de la UCO o la solicitud del mismo a la Guardia Civil del resto.
